Desde su inicio en julio de 2017 estuvo en los ojos de la Superintendencia que hoy ordenó su liquidación por sus líos jurídicos, societarios, económicos y financieros.
Ahora los cerca de 120 mil afiliados que tenía Medimás en cerca de 40 municipios de Boyacá y de los cuales el 80 por ciento corresponde a primer nivel quedará a la espera de las indicaciones que se den desde el Gobierno central y que inicialmente consisten en la reasignación a una nueva Eps, de la cual no se podrán cambiar sino hasta pasados tres meses.
En la resolución administrativa, mediante la cual se ordena la liquidación, la Supersalud da cuenta de varias causas que tornaron inviable a Medimás como aseguradora en salud. Entre ellas están, el deterioro de sus indicadores de solvencia y liquidez que amenazaban con un daño colateral o sistemático a la sostenibilidad financiera de su red de prestadores en los 14 territorios en donde todavía operaba.
Un reflejo de esta situación de liquidez, que le impedía pagar oportunamente, es que las obligaciones vinculadas con proveedores y prestadores de servicios -al cierre de noviembre de 2021- superaban los 1,5 billones de pesos.
Esta empresa, que hoy cuenta con 1,5 millones de afiliados, perdió 3,4 millones de ellos durante su existencia y lideró el cuadro de las entidades que más quejas recibían entre las EPS al punto que, de acuerdo con la Supersalud, el 45% de las que se radicaban eran tan graves que se catalogaban como ‘graves por poner en riesgo el bienestar de sus demandantes’.
El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, dio a conocer la decisión y recordó el cúmulo de cuestionamientos que recaen sobre Medimás, sin dejar de lado el hecho de que sus dueños, según la Supersalud, continúan incumpliendo con las obligaciones económicas que contrajeron con Cafesalud en la compraventa de la EPS y de los centros de atención que configuraron su nacimiento.
Con apenas 55 meses de vida, esta entidad estuvo 52 de ellos bajo vigilancia especial por parte de la Supersalud en una medida que se prorrogó en nueve oportunidades, con la intención de que se corrigieran sus indicadores.
Sin embargo, según los informes, en cada revisión se le encontraban más deficiencias que condicionaban nuevas alertas y se generaban más ordenes que sistemáticamente se incumplían.
Según las cuentas de las IPS que prestaban servicios a Medimás, la deuda podría ser hasta medio billón de pesos mayor. Estas clínicas y hospitales denunciaban que la práctica de la EPS para dilatar los pagos consistía en obligarlos a radicar, una y otra vez, las mismas facturas. De hecho, la más reciente auditoría hecha por la Supersalud reveló que hasta 2021 Medimás tenía $918.484 millones en facturación pendiente de auditoría.
Otra causal es que la EPS se había vuelto recurrente en el incumplimiento de la prestación de los servicios y ponía en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, particularmente a los pacientes crónicos y con enfermedades de alto costo, es decir aquellos diagnosticados con cáncer, insuficiencia renal, VIH y hemofilia.
Una preocupación adicional es que se veían incrementando los eventos de mortalidad materna, que pasaron de cero (0) muertes en enero de 2021 a 32,86 para agosto del mismo año.
La auditoría también evidenció que hace unos meses, por ejemplo, se empezó a registrar el incremento de quejas contra Medimás por las demoras en trasplantes renales. La Superintendencia indagó con varias prestadoras especializadas y encontró que el incumplimiento de las condiciones financieras pactadas en los contratos con Medimás estaba afectando la adecuada prestación de los servicios a estos pacientes.
Insatisfacción generalizada
Sin embargo, la mala percepción sobre Medimás no se limitaba a su red de prestadores. De acuerdo con los registros oficiales, con corte a diciembre pasado, al menos 2,3 millones de sus afiliados hicieron los trámites para cambiarse por voluntad propia, lo que se convirtió en la mayor desbandada de usuarios de una aseguradora de salud en menos de cinco años en Colombia.
No obstante, pese a que cada año perdía más afiliados y tenía menos territorios para cubrir, los procesos judiciales iniciados en su contra por parte de usuarios y proveedores iban en aumento: pasaron de 37 en 2017 a 678 en 2021, lo que, a juicio de la Supersalud, llevaba a concluir que la EPS “no brinda las garantías para el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de sus afiliados”.
Para el momento de la decisión de liquidar Medimás, esta se mantenía como la EPS con mayor población en el régimen subsidiado, con 926.025 afiliados, la mayoría de los cuales se consideraban usuarios en condiciones de alta vulnerabilidad.
No hay que dejar de lado que la EPS, como se dijo anteriormente, es líder en quejas y tutelas, como lo demuestran las mediciones de la Supersalud, donde los últimos tres años, la EPS tuvo un crecimiento en la tasa de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), al punto que el año pasado ocupó los primeros dos lugares por mayor cantidad de quejas entre las 17 EPS del régimen subsidiado y las 14 del contributivo.
Fuente: boyaca7dias.com.co