¿Empujando a Petro a gobernar por decreto?
El polítólogo y columnista de El Espectador, Álvaro Forero Tascón, ampliamente conocido por sus puntuales y agudos análisis políticos prevé lo que puede suceder si de manera terca el poder legislativo se empecina en negar las reformas –con excepción de la Tributaria— que hasta ahora ha planteado el gobierno de Gustavo Petro.
Por Álvaro Forero Tascón
Luego de que el Partido Republicano lo bloqueara en el Congreso por el gran triunfo de la reforma de salud Obamacare, Barack Obama recurrió a gobernar por decreto a través de órdenes ejecutivas. Expidió más de 270 y, aunque la oposición lo tildó de dictatorial, su sucesor, Trump, firmó un número comparable: 220.
Es la reacción natural al bloqueo institucional derivado de la parálisis política en el Congreso, una especie de dictadura al revés en la que se le atan las manos al Ejecutivo, cuya función incluye la iniciativa legislativa, a tal punto que la Constitución prevé aspectos en que es obligatoria la iniciativa gubernamental. Quienes cantan victoria porque bloquearon la discusión de la reforma laboral en el Congreso olvidan que eso solo genera presiones al Gobierno para que adopte algunas de las medidas por decreto. Muchas cosas no se pueden hacer por decreto, pero muchas sí. En realidad, no se sabe qué tantas porque en Colombia los gobiernos tradicionalmente han tenido coaliciones holgadas en el Congreso que les permiten convertir en ley incluso medidas que no lo requieren.
Aunque el gran poder presidencial en Colombia se basa en su influencia sobre el Congreso, también radica en las facultades reglamentarias amplias del Ejecutivo y en las prerrogativas de superintendencias y entidades enormes como la DIAN. Un gobierno bloqueado por la oposición puede encontrar filones e interpretaciones para sacar adelante iniciativas grandes vía decreto y hasta decretar en el borde fino de lo que corresponde a la ley. Aunque existe el control de legalidad en cabeza del Consejo de Estado, la jurisdicción administrativa es lenta y una demanda contra un decreto puede resolverse cuando el gobierno ha terminado y los hechos están consumados. La suspensión provisional de los decretos opera ocasionalmente, pero los jueces colombianos han tendido a la moderación en esa materia.
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Y aunque la Constitución limitó los eventos en que se pueden declarar emergencias económicas y sociales, una vez cumplido el requisito de sobreviniencia, los poderes son gigantescos. La declaratoria de emergencia para La Guajira que anunció el Gobierno seguramente va a aprestigiar el uso de decretos legislativos porque la postración institucional en ese departamento es pasmosa. El Gobierno podría aplicar algunas de las medidas contempladas en la reforma a la salud a manera de piloto y crear una corporación que asuma muchas funciones locales, apoyándola desde los entes nacionales. Podría asignar regalías de Cerrejón, por ejemplo, que tienden a dilapidarse por los entes locales corrompidos por la política. Y podría desbloquear la construcción de los parques eólicos invirtiendo en comunidades y hasta en los proyectos mismos para impulsar la transición energética.
En la pandemia el Gobierno Duque expidió decretos legislativos para ordenar recursos inmensos, y decretos ordinarios para eludir el control automático de la Corte Constitucional. El Gobierno Uribe declaró una emergencia para el tema de salud, algo que podría imitar el Gobierno Petro si bloquean la reforma a la salud.
Es mejor la colaboración armónica de los poderes, porque cuando se bloquean entre sí, el agua busca por dónde salir.
