Facturación electrónica en Colombia, ¿Quiénes están obligaciones a expedirla?
La factura electrónica en Colombia es mucho más que una simple evolución de la factura tradicional; es una herramienta fundamental en el ámbito tributario, implementada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desde el 2015. Aunque es vista como una modernización, posee la misma validez legal que la versión impresa, generando beneficios adicionales.
Según la Dian, este sistema es la evolución de la factura tradicional, la cual para efectos legales tiene la misma validez que el papel. Sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas.
Según el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021, también conocida como Ley de Inversión Social, se establecen las reglas para el sistema de facturación en Colombia. Empresas, negocios y establecimientos comerciales están obligados a expedir facturas electrónicas, so pena de sanciones pecuniarias y, en casos extremos, la clausura del establecimiento.
Las personas jurídicas que vendan bienes y servicios, así como las personas naturales con ingresos superiores a 3.500 UVT o 130 millones de pesos al año, deben adoptar la facturación electrónica. Incluso, si una persona natural con un negocio factura más de 10 millones de pesos mensuales, está sujeta a esta obligación.
El objetivo principal de la Dian con la facturación electrónica es combatir la evasión de impuestos. Este sistema permite un monitoreo inmediato de todas las transacciones facturadas a nivel nacional.
Las sanciones por incumplir con la facturación electrónica son de dos tipos:
• En primer lugar, una sanción pecuniaria equivalente al 1% de las transacciones realizadas sin cumplir la normativa.
• En segundo lugar, la posibilidad de cierre del establecimiento comercial, oficina o consultorio, según el Decreto Ley 624 de 1989 (Estatuto Tributario). La duración del cierre puede variar de 3 a 30 días, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
La factura electrónica no solo es una exigencia legal, sino una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la correcta tributación en Colombia.
