Incertidumbre en la decisión de segunda instancia para Ávitar
Las víctimas de una inmobiliaria y constructora en el departamento de Boyacá, se encuentran a la expectativa del desenlace que podría tener una familia que estuvo involucrada en realizar estafas en varios municipios.
Este próximo jueves 12 de octubre de 2023, a las 2:00 de la tarde, se tiene programado nuevamente otra audiencia para determinar y comunicar la lectura de decisión de la segunda instancia por los delitos que corresponden a concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros y estafa.
Durante la diligencia judicial se espera una determinación justa para las víctimas que dejo Ávitar, quienes incurrieron en engaños, promesas y contratos ficticios que nunca se concretaron, por el contrario, el dinero invertido fue pérdida total para quienes creyeron en ese supuesto proyecto familiar.
“De acuerdo con la investigación, los procesados habrían diseñado un modelo de negocio con el que aparentemente recaudaron de manera ilegal $43.822.175.447, mediante ofertas a través de las redes sociales donde se ofrecían jugosas ganancias a quienes invertían en la compra y venta de inmuebles dentro y fuera de Boyacá”, explicó la Fiscalía.
Los implicados, a los que se les espera judicializar después de proceder en investigaciones, están a la espera del desenlace de lo que causaron a las cerca de 1.731 personas, quienes fueron víctimas de las estafas que hacía la inmobiliaria y constructora Ávitar, registrada de nombre Jersson Jahir Velandia Suárez, quien habría firmado 1.600 contratos anticresis por un valor de 40 mil millones de pesos, además representante legal de la empresa.
De igual manera, según lo estableció la Fiscalía, serían judicializados sus padres, identificados como Jorge Alexander Velandia Sepúlveda, quien firmó 300 contratos por 300 millones de pesos y Martha Nubia Suárez por 40 millones de pesos, madre y exconcejal. Además, su hermana, Karen Julieth Velandia, y su amigo/socio, Eric Alexander Benítez, habrían firmado 115 contratos por un valor de 2.490 millones de pesos.
La decisión final será informada por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento, por parte del juez Álvaro Rincón Monroy, sin embargo, se ha fundamentado por los denunciantes la posibilidad de que la decisión sea totalmente diferente a la esperada, en la que presuntamente no se efectúe la medida de aseguramiento.
Con esta masiva captación de dinero, en la que se recaudó ilegalmente más de $43.000 millones de pesos y fueron afectadas magnitud de personas en varios municipios de Boyacá, por cada inversión que quedó en el olvido, las víctimas afirman mantener fuerza para que los resultados sean correspondientes a los delitos por los que son juzgados ante la ley.
