En medio de los Medios

En el tema de la tenencia de la tierra parece que, en Colombia, sigue habiendo fuerzas muy conservadoras que se oponen a que la reforma agraria que, desde 1936, en épocas de López Pumarejo, y luego en 1968, en tiempo de Carlos Lleras, ha intentado hacerse, se vuelva una realidad. El ex ministro Eduardo Díaz explica, para Cambio, cómo Lleras organizó, a los Usuarios Campesinos, llegó a decirles: “Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria.” Cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia.

Eduardo Díaz Uribe, fue director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, es cconomista de la U. Jorge Tadeo Lozano y catedrático universitario. Esta columna la escribió para la revista Cambio el pasado 11 de septiembre ¿Todo tiempo pasado fue mejor? | Cambio Colombia

¿Todo tiempo pasado fue mejor?

Por Eduardo Díaz Uribe

“Amigos de Sucre. Como les decía ayer en la reunión de usuarios, he asistido con emoción a estas primeras demostraciones de la organización de la masa campesina colombiana, a la cual aspiro ver actuando en el trazo de su propio destino, no recibiendo simplemente órdenes como algo pasivo y obediente a la voz de los amos, sino consciente de su propia responsabilidad, de sus propios derechos y de lo que por sí mismos deben hacer. Hoy, al clausurar esta asamblea, quisiera dirigirme tanto a los campesinos sin tierra que existen en Sucre, como a los propietarios rurales y a las autoridades, para exponer con claridad y sencillez lo que queremos que sea el cambio social en el campo colombiano y la actitud de la gente en presencia de ese cambio…

“Aspiro a que … en Colombia, estén desencadenadas y en acción fuerzas suficientes, vigorosas en la ciudad y en el campo, para que ese cambio no pueda volver atrás. Naturalmente hay que proceder con métodos, pero de manera acelerada porque las necesidades son urgentes y no dan espera…

“No habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria…”

¿Son éstas las palabras de un agitador de la subversión? ¿De un guerrillero? ¿De un campesino invasor de tierras? ¿De Petro? ¿De las ministras Cecilia o Jhenifer? ¿De un alambrero?

 ¡Pues NO!

Se trata, ni más ni menos, de apartes de la intervención que pronunció en la ciudad de Sincelejo-Sucre, en agosto de 1969, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, en el acto de instalación de las Comisiones Veredales y Departamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC.

¿Cómo es posible que hace 54 años, un personaje tan respetado e ilustre, militante y líder del tradicional Partido Liberal colombiano y presidente de la República durante el Frente Nacional, lanzara estas afirmaciones que, en la Colombia de hoy, y con un gobierno de izquierdas, muy pocos se atreverían a hacer?

Durante el siglo XX, Carlos Lleras Restrepo fue uno de los actores políticos que más se involucró en la búsqueda de soluciones a los diferentes temas agrarios, incluido el de la reforma agraria. Y como político y funcionario público, vivió muy de cerca sus avances y retrocesos.

Junto a otros jóvenes liberales acompañó a Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha en la estructuración de Ley 200 de Tierras de 1936, cuyo propósito fue restaurar el principio jurídico de que la propiedad de la tierra y su dominio implicaban su adecuada explotación o, en su defecto, procedía la extinción del dominio. Esa ley generó una reacción belicosa de grandes terratenientes del centro del país (Cundinamarca y Tolima) quienes propiciaron una expulsión masiva de campesinos sin tierra que laboraban en sus haciendas como arrendatarios, aparceros y colonos.

Expulsiones masivas que se extendieron en el tiempo y a otros territorios. Durante el período de la violencia bipartidista (liberal-conservadora), fueron despojados de sus proyectos de vida, bienes y tierras, y desplazados a los cinturones de miseria de las entonces pequeñas ciudades, más de 2.000.000 de campesinos, en su mayoría provenientes de zonas rurales del Antiguo Caldas, Antioquia, Tolima, Santander, Norte de Santander, Valle, Boyacá, Huila y Cundinamarca.

Muchos de estos campesinos desplazados y sin tierra cruzaron la cordillera oriental y colonizaron el oriente colombiano (Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada y Guanía). Algunos lo hicieron a la “libre” y otros de manera inducida y financiada por el gobierno conservador y la iglesia católica. Creían que con la colonización inducida se aliviaba y reducía la presión de los campesinos por tierras en el centro de país. Esta colonización de la Orinoquía y la Amazonía se tradujo en asentamientos campesinos distantes de todo, en maltrato y abuso a las comunidades indígenas que ocupaban estos territorios, en la ampliación de la frontera agrícola, en la destrucción de selvas y en el inicio de los cultivos de uso ilícito.

El presidente de EEUU, J.F. Kennedy, con su programa Alianza para el Progreso, invitó y apoyó al gobierno colombiano a revivir los propósitos de una reforma agraria. Así, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se aprobó la Ley 135 de 1961, la de la “Reforma Social Agraria”, que estableció la expropiación (adquisición y compra) por parte del Instituto Colombiano de La Reforma Agraria (INCORA), de tierras que estuviesen incultas o inadecuadamente explotadas, para crear unidades familiares campesinas y cooperativas.  Sin embargo, es muy poco los que se logró avanzar: la complejidad y ambigüedad de los trámites, protocolos y requisitos definidos en la Ley 135, la hicieron lenta y anodina.

Las expectativas generadas, la informalidad en la tenencia de la tierra, la inequidad en su distribución y la pobreza de las familias campesinas, impusieron la necesidad de dotar a la reforma agraria con instrumentos legales ágiles y ciertos. Tal es el origen de la Ley 1ª de 1968, conocida como “ley de aparcería”, que se proponía dotar de tierra a arrendatarios, aparceros y campesinos sin tierra. La aprobación de la ley 1ª produjo una furiosa reacción de terratenientes y la expulsión masiva de aparceros y arrendatarios potencialmente beneficiarios, tal y como había ocurrido en 1936.

Ante la magnitud del desplazamiento causado por las expulsiones, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo expidió el Decreto 703 de 1968 que, aduciendo la función social de la propiedad privada, prorrogó por el término de 10 años los contratos de los propietarios de tierras con aparceros, arrendatarios o similares.  En medio de éste pugnaz ambiente, el gobierno mantuvo y fortaleció su apoyo al proceso iniciado en 1967 con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, sus comités veredales, asociaciones municipales y departamentales. En julio de 1970, se realiza en el Capitolio Nacional el 1er Congreso Nacional de la ANUC, que para la época tenía ya más de millón y medio de campesinos afiliados.

Pero el sucesor de Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, por cuenta propia, estructuró la contrarreforma agraria con el Pacto de Chicoral, fraguado en diciembre de 1971 y enero de 1972, en la población de Chicoral, Tolima, con la participación y concurso de los contradictores de la “ley de aparcería”, terratenientes y parlamentarios liberales y conservadores. Así mismo, el Pacto promovió la división y debilitamiento de la ANUC y la persecución a líderes que no se acogieron a la línea oficial.  Estos campesinos rebeldes, más del 80% de los afiliados a la organización, y contradictores del Pacto, se agruparon en lo que se conoció como la “línea Sincelejo” de la ANUC, y recibieron de parte de los terratenientes el mote de “alambreros”. A manera de colofón de éste capítulo de nuestra historia, Pastrana Borrero replicó el Pacto de Chicoral en la Ley 4ª de 1973, que institucionalizó, con toda suerte de artificios legales, la ganadería extensiva como “adecuada” explotación de la tierra, con lo cual la excluyó de la calificación de “inadecuadamente explotadas”, protegiendo así el latifundio ganadero y sus negativas secuelas en materia económica, social y ambiental.

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Hoy día los debates y discusiones sobre temas centrales para el futuro del país se pueden realizar en tiempo real, en vivo y en directo. Ya no es necesario aislarse en un lugar remoto, como Chicoral, para idear una ley. Además, desde 2015, el gobierno está obligado a socializar todo proyecto de norma legal en trámite con el propósito de conocer observaciones, opiniones y reacciones de los grupos de interés que se sientan afectados o beneficiados, de modo que pueda mantener o modificar lo proyectado.

Así ocurrió con los proyectos de decreto que el gobierno Petro tiene previsto sancionar en materia de “promoción de la movilización y organización campesina por la reforma agraria” y “reglamentación de mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras”.

Por supuesto, no se hicieron esperar las reacciones de diverso talante: belicosas, afirmativas y otras invitando a revisar el pasado del país en estos complejos temas.

Hoy, transcurridos 87 años de la Revolución en Marcha de López Pumarejo; 57 del fin del horrendo capítulo de la Violencia bipartidista; 54 del discurso dirigido a la ANUC por el presidente Carlos Lleras Restrepo en Sincelejo; 32 de la adopción de la Constitución Política de 1991; 30 de desplazamientos, falsos positivos, narcotraficantes,  paramilitares y guerrillas; 7 del Acuerdo de Paz del Teatro Colón con las FARC-EP; y un año de gestiones y negociaciones para lograr la “Paz Total”, nos corresponde a todos definir si nos jugamos otro “sangriento” contra los “alambreros,” o si buscamos fórmulas para avanzar en equidad.