Corrupción y mala gestión, en la construcción de plazas de mercado de Boyacá
La Gobernación de Boyacá se encuentra en medio de un escándalo por presunta corrupción y mala gestión en la construcción de las plazas de mercado de Paipa, Sutamarchán y Villa de Leyva. Estos proyectos, vinculados a la administración del exgobernador Ramiro Barragán, están siendo investigados por la Contraloría debido a irregularidades en los procesos de contratación y adjudicación de contratos.
Hamilton Cortés, líder social de Villa de Leyva, ha sido una figura clave en la denuncia de estas prácticas corruptas, llevando el caso a los tribunales mediante una acción popular. Cortés ha criticado duramente la exclusión arbitraria de competidores cualificados y la manipulación de contratos para favorecer a unos pocos. La acción popular ha desencadenado una investigación especial por parte de la Contraloría, centrada en 15 contratos otorgados en circunstancias cuestionables.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra la imposición de condiciones específicas en las licitaciones que limitaron la participación de varios competidores, incluido el arquitecto Rogelio Carmona. Estas condiciones, como la exigencia de materiales específicos, excluyeron a aquellos que podrían haber ofrecido un diseño arquitectónico más acorde con las necesidades locales.
Además, se ha revelado que los proyectos incluyen modificaciones controvertidas, como la instalación de un parqueadero y un gastrobar, que desvían la esencia de las plazas de mercado campesinas. Estas acciones han generado preocupación entre la comunidad local y los visitantes, quienes temen la transformación de estos espacios comunitarios en centros comerciales.
La situación se agrava con la identificación de infracciones legales, como la ejecución de obras en sitios protegidos sin los estudios arqueológicos necesarios. Además, se ha evidenciado el desvío de fondos destinados a insumos y personal para cubrir gastos no contemplados inicialmente en el presupuesto.
Estos escándalos han provocado retrasos significativos y sobrecostos en los proyectos, con proyecciones de pérdidas fiscales que podrían ascender a cerca de 900 millones de pesos. La falta de supervisión y transparencia en la gestión de estos proyectos ha despertado la indignación de la población, que exige responsabilidad y acciones concretas por parte de las autoridades competentes.
