El síndrome del corte de cinta en Boyacá

La confrontación entre el gobernador Carlos Amaya y el alcalde de Paipa durante la inauguración de la nueva plaza de mercado expuso algo más que un roce político. En Boyacá, los actos de entrega pública —de obras, programas o maquinaria— se han transformado en escenarios de propaganda, donde la visibilidad del gobernante parece pesar más que la autonomía municipal o el verdadero sentido del servicio público.

La inauguración de la nueva plaza de mercado de Paipa, que debía ser una fiesta ciudadana, terminó convertida en una escena de confrontación entre el gobernador Carlos Amaya y el alcalde Germán Ricardo Camacho. Lo que debía ser símbolo de desarrollo terminó siendo el reflejo de una enfermedad política que se ha vuelto endémica en Boyacá: el uso de las obras públicas como plataforma electoral.

Desde hace años, en Boyacá se ha consolidado una práctica reiterada en las administraciones departamentales y municipales: convertir cada entrega pública —ya sea de infraestructura, programas sociales, eventos, maquinaria, subsidios o bienes comunitarios— en un espectáculo político cuidadosamente calculado. No importa si la iniciativa fue gestionada por administraciones anteriores o cofinanciada con otras entidades: lo esencial parece ser asegurarse de que el acto quede registrado bajo la narrativa del “gobierno que cumple” y la figura del gobernante benefactor. Esa fórmula se repite con disciplina en los gobiernos de las últimas décadas, donde el cálculo político suele imponerse sobre la transparencia y la institucionalidad.

En ese contexto, la generosidad que a menudo se exalta en los discursos oficiales tiende a confundir la gestión pública con un acto de benevolencia personal. La inversión estatal no es fruto de la voluntad del gobernante, sino de las necesidades colectivas de las comunidades y del deber constitucional de atenderlas. Los recursos públicos deben entenderse como herramientas de equidad territorial, no como expresiones de gratitud política ni de favor individual.

El episodio de Paipa también deja ver una tensión estructural entre la autonomía municipal y el protagonismo departamental. La Constitución colombiana establece que los municipios son entidades autónomas para la gestión de sus intereses, y que los departamentos deben actuar como instancias de coordinación y apoyo, no de suplantación. El gobernador no está llamado a tutelar a los alcaldes, sino a facilitar su gestión, acompañar sus proyectos y fortalecer sus capacidades institucionales. Usar el poder departamental para imponerse sobre los territorios o para marcar territorio político con cada entrega pública es, además de éticamente cuestionable, institucionalmente peligroso, porque erosiona la legitimidad de la institucionalidad local y debilita la gobernanza democrática.

El alcalde de Paipa reaccionó con dignidad política —quizá torpe en la forma, pero comprensible en el fondo— al abandonar un acto que ya no era suyo ni de la ciudadanía, sino un escenario de campaña. Y el gobernador, en lugar de contener la polémica, optó por convertir la diferencia en un discurso de autojustificación pública, alimentando el conflicto.

El fondo del problema no está en una anécdota personal, sino en una práctica sistemática: el desdibujamiento de lo público por el afán de capitalizarlo electoralmente. Cuando una entrega estatal deja de ser un logro colectivo para transformarse en trofeo de propaganda, el Estado se convierte en un escenario de marketing político, y el ciudadano en simple espectador.

Boyacá ha sufrido por años la fragmentación política entre gobiernos que, en lugar de articular esfuerzos, compiten por la autoría de las acciones públicas. Esa lógica no construye región, la divide. La plaza de mercado de Paipa no debería ser recordada por un altercado, sino por su capacidad de impulsar la economía local y dignificar a los comerciantes. Pero mientras el poder se mida en aplausos y no en resultados, los actos de inauguración seguirán siendo más propaganda que progreso.

La verdadera transformación política en Boyacá pasa por superar el “síndrome del corte de cinta”: esa obsesión por la foto, el discurso y el mérito personal. La gestión pública es continuidad, cooperación y servicio, no espectáculo. Y en esa tarea, tanto gobernadores como alcaldes están llamados a recordar que la obra no pertenece a quien la entrega, sino a quien la necesita.

“Este artículo fue redactado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, revisado y editado por el equipo de redacción de Boyacávisible»