Opinion

A propósito de las drogas, los menores son utilizados como parapetos morales y políticos 

Por Jorge Armando Rodríguez Avella

Vuelven las discusiones alrededor del consumo de sustancias psicoactivas. Y con ellas vuelve el uso de la doble moral de la que acostumbran a asirse quienes, por apariencias y a través del tiempo, recurren a ‘salvar’ a los niños, niñas y adolescentes. Aparecen, de manera oportunista, cada vez que la circunstancia les ofrece un resquicio. Es una verdad vergonzosa para la nación colombiana que muchos de sus sucesivos gobiernos a la niñez le han dado un trato de última categoría. ¿Durante cuántas décadas deambularon por las calles de las ciudades intermedias y grandes enormes grupos de niños, llamados ‘gamines’? ¿Y los más creciditos, adolescentes ellos, acaso ya desaparecieron como ‘problema’?  

El expresidente Santos convocó, en octubre de 2016, a un plebiscito que pretendía refrendar popularmente los acuerdos de paz con las Farc: ¡Qué gran error! Salieron en masa los presuntos defensores de las niñas, niños y adolescentes a gritar por el NO. Para la misma ocasión, por coincidencia, el Ministerio de Educación preparaba una cartilla sobre sexualidad, basada en textos recomendados por la Unesco. Sin embargo, los opositores a los acuerdos, usando la niñez para oponerse a la paz, arguyeron que la cartilla era la afeminar a los adolescentes y que eso formaba parte de los acuerdos. ¡Valiente estupidez oportunista la de los defensores de los menores!

Hoy cuando el presidente, Gustavo Petro, promulgó el pasado 7 de diciembre el decreto 2114 para derogar el 1844 de 2018, expedido por el anterior Gobierno que declaraba ilegal poseer y consumir sustancias prohibidas, salen de sus cavernas los mismos presuntos defensores de menores para mentir, aumentar y desviar los verdaderos problemas referentes a la droga. 

Nuevamente esta oposición se rasga las vestiduras para proferir alertas porque, según ellos, se están poniendo en peligro a los menores. Según el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, el presidente Petro toma decisiones que “están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”. Otros hablan sobre la imposibilidad ahora de la Policía de sancionar con multas a los consumidores, como la senadora María Fernanda Cabal, quien afirmó que “La Policía Nacional queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupefacientes”. Mientras que el expresidente Álvaro Uribe se queja porque, según su parecer de corte moralista, el decreto busca “Legalizar la droga, ¿y entonces la juventud y la familia y el futuro de la Nación?” 

Quieren estos recalcitrantes opinadores, como en el caso de las cartillas, desorientar a la opinión para ganar réditos políticos, para ello se parapetan detrás de escudos de supuestos valores de la familia la moral, la niñez y de la seguridad ciudadana.

Desde 1994 la Corte Constitucional, por ponencia del inolvidable jurista Carlos Gaviria Díaz, se expresó sobre el consumo y porte de las diferentes dosis mínimas permitidas para el ciudadano. Desde esa época y posterior a ese fallo de la Corte, el Consejo de Estado también ha expedido fallos en ese mismo sentido. 

La sentencia CC-221 de 1994 de la Corte Constitucional estableció que en uno de sus muchos e interesantes aportes que “Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que (…) las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”. Por consiguiente, el presidente Petro solo aplicó esta sentencia de la Corte para derogar el decreto 2114 de 2023 del gobierno Duque, que de por sí era inconstitucional. Así mismo, la Corte también insiste en varias partes de la sentencia que antes de prohibir el consumo es necesario invertir en educación.

Por último, resulta paradójico que algunos de quienes, a través de declaraciones, se oponen al porte de la dosis personal y al consumo de sustancias psicoactivas son cuestionados y sospechosos, de haber estado relacionados con lo que más le ha causado daño a Colombia en los últimos años: el narcotráfico.  

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