Carlos Amaya con poderes omnipresentes y… contando
En días pasados se conoció la noticia del nombramiento, de forma unánime, como copresidente del partido Alianza Verde del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya. Lo que debería constituir un beneplácito para los boyacenses por tan honrosa designación, en realidad, es un cúmulo de dudas lo que prima en la opinión de la ciudadanía.
En efecto, la Contraloría General de la República ha adelantado investigaciones que, aunque no han arrojado un veredicto definitivo, sí permanece el ambiente de incertidumbre únicamente dirimibles por la justicia.
El concejal de Bogotá y también miembro de ese partido político, Diego Cancino, ha adelantado, por su parte, denuncias serias en contra del exgobernador Amaya ante los organismos de control. Según el concejal Cancino, basado en los informes de la Contraloría, esta institución habría encontrado 38 hallazgos administrativos y de estos habría alertado sobre la posible pérdida de alrededor de $5.400 millones de pesos, entre otras graves acusaciones.
Las denuncias de Cancino provocaron que el exgobernador acudiera a interponer una tutela para presuntamente defender su honra, infortunadamente para Amaya un juez denegó sus pretensiones y validó, antes bien, las afirmaciones del concejal.
También le puede interesar: Expo BIC 2023: el espacio para las empresas comprometidas con el desarrollo sostenible
Sin embargo, lo que el ciudadano del común esperaba era un cambio de actitud de quienes ejercen la política frente al angustiante y aterrador fenómeno de la corrupción. Porque dados los postulados y promesas –tanto de Amaya como de su partido Verde— expresados en discursos y escritos, hoy podemos constatar que jamás se han puesto en práctica y, muy por el contrario, continúan actuando de igual o peor manera, que cuando estos criticaban las actuaciones de los partidos tradicionales.
Para los boyacenses la expectativa es grande, por eso urge que le resuelvan los asuntos administrativos y penales al candidato Amaya. Entre otras cosas, también porque goza de un poder clientelar muy importante en el departamento, de manera similar o mayor a quienes le precedieron. Este poder ha favorecido en el departamento a sus amigos y, por supuesto, al protagonista y proveedor de los miles de cargos oficiales departamentales, que le ofrece la administración pública boyacense.
Amaya ha propiciado también que los organismos regionales de control obren de la misma manera y en igual dirección con sus intereses particulares. No pocos son los funcionarios boyacenses que han padecido sus órdenes impartidas a través de la Contraloría Departamental y las Procuradurías Provinciales. Infortunadamente, ninguna investigación del orden nacional se ha efectuado en este sentido.
Este panorama permite afirmar que quedó rezagado o en el olvido el postulado del filósofo Antanas Mockus: “la lucha por el no todo vale” y que le sirvió a esa agrupación política Verde, entre otras consignas, llegar a convertirse en la ola verde de las elecciones presidenciales en 2010.
Hoy, el partido Verde –con el señor Amaya incluido— demuestra cuán alejado se encuentra de sus propósitos iniciales y de la práctica ética tan pedida a los demás. En muchas otras ocasiones, esta colectividad política fue crítica y exigente para que, el ciudadano seriamente cuestionado, diera un paso al costado a la espera de una decisión en firme de los entes de control, administrativos y de la justicia penal. Duros con los demás laxos con los propios.
Consideramos que, el exgobernador y aspirante nuevamente a dirigir el departamento, le debe aún muchas aclaraciones y explicaciones a la Contraloría, pero está en todo su derecho de defender su integridad moral por las actuaciones administrativas ejecutadas durante su gobernación. Por lo que, para bien de Boyacá y Colombia, Carlos Amaya debería aplazar sus aspiraciones hasta que la justicia dirima su horizonte ético y moral.
