Corpoboyacá cambia árboles por hierro y cemento
Por Jorge Armando Rodríguez Avella
El director de Corpoboyacá, el diseñador industrial, Herman Amaya Téllez está lidiando los últimos embates de su administración. O tal vez sean los embates con los que tenga que hacer frente en una muy probable repetición, ya que desde el pasado 9 y hasta el 15 de noviembre se están recibiendo las inscripciones de candidatos a sucederlo o a sucederse.
Mediando un acto administrativo, el director Amaya resolvió cambiar las compensaciones que deben realizar las personas públicas o privadas cuando estas realizan obras que afecten a las comunidades, regiones, localidades y al entorno natural. Para ello deben “resarcir y retribuir (…) los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no podían ser evitados, corregidos o mitigados”.
Los cambios que propuso el director saliente, durante su magra gestión, son, según muchos ambientalistas y juristas, a todas luces un descalabro dado que se pierde la orientación fundamental de reforestar allí donde se ha impactado el ambiente.
Deducen los especialistas que, por ejemplo, en el caso de Playa Blanca, del Lago de Tota, que es propiedad de Corpoboyacá, se autorizó cambiar la siembra de cerca de 62.000 árboles por la instalación de sistemas sépticos. Estos sistemas que están dentro de las actividades enmarcadas en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico, POE, de Playa Blanca, cuyo coste aproximado es de $3.600 millones de pesos, debían ser construidos por la Corporación misma, mas no por la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, que es la titular de la obra. Además, porque Coservicios tenía que contratar y este contratista, a su vez, subcontratar.
Se agrega, a estos cambios de compensaciones, el hecho de que Corpoboyacá dejó de lado la constitución de un equipo de expertos que opinara sobre la conveniencia de tales autorizaciones. Ante la inexistencia de opiniones o experticias sobre esta materia, cabe preguntarse si no estarían incurriendo tanto directivas de Corpoboyacá, como los titulares de las obras en delitos tales como prevaricato. Lo que sí se observa es que hubo una total ausencia de análisis técnicos y ambientales, que evitaran contradicciones con el Manual de compensaciones del componente biótico del Ministerio de Ambiente.
También se deja en evidencia de la actual dirección de Corpoboyacá su bajísimo interés en promocionar y fomentar la reforestación. Según el IDEAM, durante los años 2020 y 2021 fueron deforestadas 145 hectáreas con nula regeneración y que bien hubieran podido recuperarse, en parte, con las 125 hectáreas que se dejaron de plantar por los cambios de compensación realizados, sobre todo en las vigencias 2023.
Toda una paradoja cuando se tiene en frente a unos directivos supuestamente “verdes” y que para los boyacenses continuará, de acuerdo con las pasadas elecciones, con otros cuatro años más, para sumar doce. Lo que se espera es que los organismos de control como la Procuraduría Agraria o el Ministerio de Ambiente efectúen una investigación, pero con la celeridad y sensatez necesarias y urgentes para, por lo menos, corregir en algo el grave daño ambiental ocasionado con los caprichosos cambios de árboles por hierro y cemento.
