DESOBEDIENCIA EN LA PLAZA DE SOGABASTOS
Redacción política de Boyacá Visible
Enorme problema se le ha formado a la Alcaldía de Sogamoso, secretarías e institutos descentralizados, con motivo de la decisión de la jueza Primera municipal Yohana Elizabeth Albarracín Pérez, de ordenar el cierre temporal de la plaza de mercado Sogabastos.
En una carta que les dirige a sus superiores de la rama judicial y a los comandantes de la Policía y el Ejército, la jueza Albarracín les demanda la “adopción de medidas urgentes para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia de Sogamoso”.
En su nota la jueza relata que previo al cierre de la plaza fue objeto de llamadas de parte de la jefa de la oficina jurídica del Municipio, Liliana Albarracín Suárez y del juez promiscuo de Tutazá, Sandra Sánchez. En las llamadas le solicitaron que recibiera en privado al alcalde, Rigoberto Alfonso Pérez. Obviamente es una actitud que atenta contra la independencia de la justicia porque la jueza no se puede reunir en privado con una de las partes, ya que el Municipio fue demandado, a través de una acción popular, por la situación sanitaria de la plaza de mercado.
Está muy en boga hoy en día en las altas esferas del poder poner en duda la legalidad de la justicia. Duque, como presidente, declaró que Uribe Vélez era inocente ante la imputación que le realizara la Corte Suprema de Justicia, o descalificando a la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el aborto. Recordamos la reacción ideologizada y politizada del uribismo ante la decisión de la jueza 28 de Bogotá, en la que negó la preclusión del juicio al sonado expresidente y desestimó los argumentos de la defensa. O de igual manera la forma como actuó el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón, cuando ejerció presión contra la fiscal Angélica Monsalve, para que les ayudara (no imputando) a los integrantes de la poderosa familia Ríos Velilla de Bogotá.
Sorprende la señora jueza, Yohana Elizabeth Albarracín Pérez, con la denuncia que hace del personero de Sogamoso, Óscar Leonardo Condía Corredor quien, abusando de su cargo y funciones, se dirigió a los empleados del despacho de la jueza en términos poco elegantes y tomándose falsas atribuciones y sin bases legales.
Si de esta manera actúan quienes tienen y poseen conocimientos y ejercen autoridad, qué puede pedírsele a unos ciudadanos que están siendo perjudicados –no por la decisión de una jueza que está cumpliendo con su deber— por la desidia administrativa municipal. De igual manera por eludir eternamente darle una solución definitiva a los comerciantes de la plaza, la situación llegó a los tribunales y ahí están los resultados.
El Concejo Municipal, también demandado, tiene asimismo una gran responsabilidad en la degradación de la situación. La Administración Municipal presentó el 2 de septiembre de 2016 un proyecto de Acuerdo para crear una “Empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal de Sogamoso, Sogabastos EICE” y se dictan otras disposiciones”, que pretendía darle solución definitiva a la problemática de la plaza. Sin embargo, en su debate en la Comisión Tercera del Concejo. Infortunadamente, la iniciativa fue negada por los concejales Wilson Torres y Román Ortega.
Esto quiere decir que su administración debería haber sido ser asumida por un ente público – privado, que garantizara su buena administración, eficacia en sus servicios y la participación plena de los comerciantes del sector.
Hoy dada las circunstancias lamentables a que se ha llegado, según lo señalan expertos, es necesario como lo señala la Procuraduría, firmar entre todas las partes involucradas en la demanda un pacto de cumplimiento en el que se fijen fechas, compromisos e inversiones. Dice la señora Procuradora 32 Judicial, Agraria y Ambiental de Tunja, Alicia López Alfonso: “En el evento en que se presente una verdadera PROPUESTA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO (sic), que propenda por la protección de los derechos conculcados, estamos dispuestos a analizarla y avalarla si así corresponde”.
¿Y qué esperan los demandados?
Salir a lamentarse –no pronunciarse o continuar haciendo promesas incumplibles— con claridad sobre los hechos es muy poco el aporte que se hace. En cambio, si se plantean compromisos, con la debida seriedad, se puede llegar a una solución ecuánime en unos pocos meses.
