El discurso de la seguridad: la carta que definirá las elecciones de 2026
En Colombia, cada campaña presidencial parece girar en torno al mismo eje: la seguridad. Con más de veinte precandidatos en contienda, el tema vuelve a ocupar el centro del debate, no solo como promesa electoral sino como reflejo de los miedos y expectativas de una ciudadanía que aún siente que la violencia y la criminalidad marcan su día a día.
Colombia entra en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 con un escenario político fragmentado y polarizado. Sin embargo, en medio de esa dispersión, la seguridad sigue siendo la brújula que orienta discursos, estrategias y alianzas.
La inseguridad —alimentada por el crimen común, el narcotráfico y los grupos armados ilegales— se ha mantenido como una constante que condiciona la confianza en las instituciones y golpea tanto la vida cotidiana de millones de ciudadanos como la estabilidad económica de Colombia. No sorprende entonces que, pese a los avances en algunos frentes, encuestas y estudios recientes confirmen que la percepción de inseguridad no solo se mantiene, sino que se intensifica en regiones golpeadas por la violencia y en ciudades con altas tasas de delincuencia.
En la arena política, el discurso de la seguridad se ha convertido en una bandera que divide aguas. De un lado, los candidatos de derecha y centro-derecha, herederos del uribismo, insisten en el camino de la “mano dura”: más presupuesto para militares y policías, reformas para endurecer penas y un énfasis en la confrontación directa contra el crimen. Del otro, las propuestas de izquierda y centro buscan articular la seguridad con justicia social, prevención integral y desarrollo comunitario, aunque no dejan de recibir críticas que los señalan de blandos frente a los grupos armados y el crimen organizado.
Lo cierto es que, más allá de la retórica, los ciudadanos exigen resultados. La narrativa de la autoridad fuerte por sí sola ya no convence: lo que está en juego es la capacidad de transformar el discurso en políticas públicas eficaces y sostenibles que reduzcan los niveles de violencia en Colombia, fortalezcan la legitimidad del Estado y devuelvan la confianza a la ciudadanía.
Te podria interesar:Uribe y la jugada de la prescripción: tiempo extra para la política
El politólogo Luis Fernando Martínez lo resume con claridad: “La seguridad seguirá siendo un tema prioritario porque está directamente ligada a la legitimidad del Estado. Un enfoque exclusivamente represivo no basta; se necesita inversión social, instituciones fuertes y trabajo con las comunidades.” En la misma línea, la analista política María Camila Gómez advierte que la polarización entre mano dura y prevención social podría abrir espacio a propuestas moderadas que logren superar esa dicotomía con salidas más creativas.
De cara al 2026, el desafío es enorme: quien aspire a la presidencia deberá demostrar que es capaz de ofrecer no solo orden, sino también soluciones integrales. La seguridad no es un asunto accesorio ni pasajero; es el espejo en el que se mide la fortaleza del Estado y la confianza del ciudadano. En un país donde este tema ha sido la llave del poder en los últimos veinte años, el candidato que logre equilibrar firmeza con una visión social innovadora tendrá una ventaja decisiva en la contienda.
