El Silencio Cómplice
Colombia no solo enfrenta la corrupción como fenómeno institucional. Enfrenta algo más profundo: la resignación social frente a prácticas que hace décadas habrían generado un rechazo contundente. Y la ciudadanía parece haber normalizado el ciclo.
La memoria política del país es frágil. Escándalos que ocuparon titulares durante meses se diluyen con rapidez. Investigaciones que no terminan en condenas firmes son presentadas como absoluciones morales. Bajo esa lógica, basta con no tener sentencia para proclamarse reivindicado, aun cuando persistan dudas razonables sobre la forma en que se ejerció el poder.
Pero la ética pública no puede reducirse a lo penal. Existen responsabilidades políticas que no siempre desembocan en fallos judiciales, pero sí dejan patrones visibles: redes de favorecimiento, concentración de decisiones y expansión de estructuras personales que trascienden los periodos de gobierno. Cuando esos esquemas se repiten, el debate deja de ser jurídico y se vuelve democrático.
El problema no radica únicamente en quienes aspiran a cargos. También está en una sociedad que aprendió a convivir con el escándalo permanente. Se critica en privado, se comenta en redes, se ironiza en conversaciones cotidianas… y finalmente se vota sin mayor exigencia. La indignación se volvió episódica; el silencio, estructural.
La corrupción no siempre se expresa en delitos comprobados; también puede manifestarse en la captura progresiva del poder y en la reducción de la competencia democrática. Colombia conoce bien esa lógica: durante décadas, distintos clanes políticos regionales —como los Char en la Costa Caribe, los Gnecco en el Cesar o los Aguilar en Santander— han consolidado estructuras familiares que se proyectan de lo local a lo nacional, moldeando la competencia electoral alrededor de apellidos con poder acumulado.
En los territorios, esta dinámica adquiere una dimensión particular. Donde el Estado es uno de los principales generadores de empleo formal, la dependencia contractual puede convertirse en un factor silencioso de alineamiento político. No siempre se necesitan órdenes explícitas ni pruebas documentales de presión directa. En ocasiones basta con la percepción de que la estabilidad laboral depende de mantener lealtades. Esa cultura implícita erosiona la libertad real del elector y consolida proyectos que se sostienen en el tiempo.
Boyacá no está al margen de esa discusión. Bajo el liderazgo de Carlos Amaya, se ha consolidado una estructura política con amplia influencia institucional en el departamento. Más allá de afinidades ideológicas, la pregunta central es cómo circula el poder y qué tan abierta es la competencia democrática en ese contexto.
Hoy, su hermano, Jhon Amaya, aspira al Senado de la República. Más allá del debate partidista, surge una pregunta legítima: ¿Cuál es el mérito político autónomo que sustenta esa candidatura? Cuando el recorrido público de un aspirante ha estado estrechamente vinculado a la estructura de poder de un familiar, la reflexión deja de ser personal y se vuelve institucional. Lo que se examina no es un apellido, sino el mensaje sobre mérito, alternancia y renovación.
Colombia ha criticado históricamente los clanes regionales que se turnan cargos durante décadas. Sin embargo, el fenómeno no siempre se presenta con los mismos nombres ni con los mismos discursos. A veces adopta formas más sofisticadas: proyectos que se amplían hacia el Congreso y estructuras que migran de lo local a lo nacional.
El riesgo no es que existan aspiraciones dentro de una familia. El riesgo es que la política termine convertida en circuito cerrado, donde el acceso al poder depende más de la cercanía que del mérito comprobado y la trayectoria independiente. Cuando eso ocurre, la ciudadanía pierde capacidad real de elección y el sistema se vuelve predecible.
Un país que ha sufrido hospitales inconclusos, obras sobrecosteadas y recursos desviados no puede permitirse relativizar las señales de concentración excesiva de poder. Exigir estándares más altos no es radicalismo; es responsabilidad democrática.
La pregunta final no es sobre una persona específica, sino sobre nosotros. ¿Seguiremos votando desde la resignación o empezaremos a evaluar con mayor rigor la coherencia entre discurso, trayectoria y ejercicio real del poder? La democracia no se deteriora de golpe; se desgasta cuando la costumbre reemplaza la memoria y el silencio ciudadano termina siendo el terreno perfecto para que el poder se perpetúe.
