Elecciones en Colombia: el voto es de papel, la transparencia del software
En Colombia el voto se deposita en papel, pero la confianza en las elecciones se define en la cadena tecnológica que maneja la transmisión, digitalización y preconteo. La democracia enfrenta un riesgo cuando toda esa operación queda en manos de un privado, sin auditorías ni controles en tiempo real que garanticen la transparencia.
El sistema electoral colombiano tiene como columna vertebral el voto en papel, la materialización tangible de la voluntad ciudadana. Ese tarjetón depositado en una urna es, en teoría, el blindaje más sólido contra fraudes masivos. Pero el proceso electoral no termina en el acto de votar: se prolonga en una cadena tecnológica que determina la rapidez y la credibilidad con que se conocen los resultados.
Es en esa cadena donde entra a operar Thomas Greg & Sons, empresa que concentra funciones críticas: transmisión y digitalización de los formularios E-14 y E-11, preconteo de resultados, publicación de actas en portales públicos e incluso el suministro de los softwares que soportan los escrutinios en niveles municipales y departamentales. Además, provee la logística del kit electoral, los sistemas de biometría y las plataformas de soporte. La magnitud de ese control hace que un solo contratista tenga en sus manos la operación tecnológica de las elecciones.
El escrutinio nacional, etapa final y con validez jurídica, es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y se realiza con software estatal. El riesgo para la democracia no está allí, sino en la fase intermedia, esa que funciona como una caja negra: la información de los formularios entra al sistema y salen resultados preliminares, pero no existe posibilidad de verificación independiente de lo que ocurre en medio.
Ni los partidos, ni el CNE, ni las misiones internacionales tienen acceso técnico en tiempo real a la operación de Thomas Greg & Sons. No hay auditorías públicas del código fuente, ni veedurías ciudadanas sobre los servidores que procesan la información. Las observaciones independientes se limitan a reportes posteriores que llegan cuando el daño reputacional ya estaría hecho. Basta recordar el caso del partido MIRA en 2014, con denuncias de manipulación, o la crisis del preconteo de 2022, cuando los resultados preliminares presentaron inconsistencias que debieron corregirse en el escrutinio oficial. En ambos escenarios, aunque el voto físico ratificó la verdad, la confianza ciudadana se resintió.
La democracia no puede depender de la opacidad tecnológica. Cuando la operación de las elecciones está concentrada en un solo privado y sin controles efectivos, la transparencia queda en entredicho. El desafío no es solo técnico sino político: garantizar que los ciudadanos crean en los resultados que emite el sistema.
Para lograrlo, se requieren medidas concretas: auditorías independientes, trazabilidad pública de las transmisiones, acceso a las bases de datos y mecanismos de verificación en tiempo real. Solo así el poder real volverá a residir en el voto de papel, y no en un software cuya lógica permanece invisible para la ciudadanía.
