Jaime Raúl Salamanca, envuelto en nueva polémica por contratos familiares
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, enfrenta un nuevo escándalo tras la revelación de contratos estatales suscritos por su hermano, Juan Carlos Salamanca Torres. Las denuncias se suman a las acusaciones previas de violencia política y falta de garantías en los debates parlamentarios.
La controversia se intensificó este jueves con la divulgación de un contrato firmado el 7 de noviembre entre el Senado y el hermano del congresista, por un valor superior a $17 millones. Este acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, tiene como propósito prestar servicios profesionales en el área de contabilidad del Senado. Las funciones incluyen apoyo en la depuración contable, actualización de manuales de procedimiento y análisis mensual de la calidad de la información financiera.
Santiago García, miembro de una veeduría ciudadana del Congreso, señaló que el contrato podría haberse concretado mediante tráfico de influencias, dada la posición de Jaime Raúl Salamanca en el Parlamento. Esta denuncia se suma a otros contratos obtenidos por Juan Carlos Salamanca en 2023, entre ellos dos acuerdos con el Icetex que superaron los $68 millones. Estas contrataciones se habrían facilitado durante la dirección de Mauricio Toro, exrepresentante de la Alianza Verde, quien fue acusado de convertir el Icetex en un fortín de cuotas políticas.
Los vínculos familiares y políticos no terminan ahí. Documentos revisados por EL COLOMBIANO revelan que Juan Carlos Salamanca también firmó contratos con la Gobernación de Boyacá, liderada por Carlos Amaya, mentor de Jaime Raúl Salamanca. Uno de estos contratos, por casi $16 millones, se firmó en 2022 bajo la administración de Ramiro Barragán, aliado político de Amaya.
Además, La FM informó que el hermano del presidente de la Cámara tiene un contrato vigente con el Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, por un valor de $35 millones, con una duración hasta diciembre de 2024.
La situación ha escalado con una demanda presentada en noviembre ante la Corte Suprema de Justicia contra Salamanca y otros miembros de la Alianza Verde, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La acusación surgió después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, admitiera que congresistas de esa colectividad ejercen influencia en el Gobierno de Gustavo Petro.
