Las ruinas arqueológicas de Gachantivá, Boyacá. Declaradas patrimonio protegido
El Juzgado 12 Administrativo Oral de Tunja ha ordenado la preservación de las Ruinas de Gachantivá, un sitio arqueológico de gran relevancia en Boyacá. Esta histórica decisión responde a una acción popular interpuesta por la comunidad local para garantizar el acceso y la protección de este patrimonio cultural.
El fallo destaca la importancia de la acción popular como mecanismo para defender los derechos colectivos y culturales. Gracias a esta resolución, los habitantes de Gachantivá recuperan el acceso a un sitio que alberga tumbas indígenas y edificaciones coloniales.
La disputa surgió cuando un particular restringió el acceso a las ruinas, lo que provocó una reacción ciudadana y llevó a la comunidad a emprender acciones legales contra el municipio y el propietario. El juez determinó que el sitio debe ser considerado un bien público de acceso libre, cumpliendo así con la obligación de salvaguardar el patrimonio cultural colombiano. Además, se ordenó la actualización de las fichas catastrales del lugar para prevenir futuras irregularidades en la propiedad y el acceso.
Elizabeth Perilla, consultora jurídica que ha seguido de cerca el caso, enfatizó en una entrevista con El Espectador la importancia de proteger los bienes arqueológicos como las Ruinas de Gachantivá. Según Perilla, estos lugares no solo son recursos históricos y turísticos, sino que también son elementos fundamentales de la identidad nacional que deben ser defendidos colectivamente. “La protección del patrimonio arqueológico y cultural es una responsabilidad compartida por todos los colombianos. Las futuras generaciones merecen disfrutar de este legado. Gracias a este mecanismo jurídico, cualquier ciudadano puede convertirse en guardián de la herencia cultural del país”, afirmó.
Este caso ilustra cómo la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución y regulada por la Ley 472 de 1998, empodera a los ciudadanos para participar activamente en la protección del patrimonio colectivo y limitar la explotación privada de los bienes culturales.
