Reforma pensional, ¿prima la forma o la justicia social?
La reforma pensional, suspendida por la Corte Constitucional por un vicio de trámite, ya superó la prueba de repetir la votación en la Cámara y entregar las actas correspondientes. Con la Procuraduría pidiendo avanzar, el debate real que se avecina es si el cambio más ambicioso del gobierno Petro quedará atrapado en formalismos o podrá abrir camino a una vejez digna para millones de colombianos.
El país asiste a una tensión que trasciende lo jurídico. La Corte Constitucional decidirá en los próximos meses si levanta la suspensión de la Ley 2381 de 2024 y permite que la reforma pensional empiece a regir. En junio ordenó repetir la votación en la Cámara por falta de deliberación suficiente, y tras la publicación de las actas que acreditan el trámite, la ponencia está lista para entrar a discusión. En paralelo, la Procuraduría ya entregó su concepto y respalda que la ley siga su curso, recordando que lo esencial es proteger el interés público.
Lo que está en juego es mucho más que un debate procedimental. La reforma plantea un sistema de pilares que busca corregir inequidades históricas y ampliar la cobertura: más de 2,3 millones de adultos mayores que hoy no reciben pensión tendrían un ingreso solidario garantizado por el Estado. Ese solo dato muestra la magnitud de lo que está en discusión: pasar de la exclusión a un mínimo de dignidad para quienes han sostenido la vida del país en el trabajo informal, rural y no remunerado.
El nudo económico está en el umbral de 2,3 salarios mínimos. Allí se define que Colpensiones administre la mayor parte de las cotizaciones, desplazando del negocio a las administradoras privadas, que hasta ahora han concentrado un flujo multimillonario de aportes. No se trata de un detalle técnico: casi ocho de cada diez trabajadores en Colombia gana menos de dos salarios mínimos, lo que significa que la reforma transfiere a lo público el grueso del recaudo pensional. En plata blanca, Colpensiones recibiría la mayoría de los aportes y los fondos privados verían reducida de forma sustantiva su fuente de comisiones recurrentes.
Ese traslado es la piedra en el zapato de los poderosos actores financieros. Hoy los Fondos Privados de Pensiones (AFP) administran cerca de $500 billones de ahorro pensional, con unos 19,2 millones de afiliados, y han generado rentabilidades del orden de $50 billones o más. Su capacidad de presión política y mediática es enorme. Por eso no resulta descabellado pensar que la insistencia en alargar la discusión judicial y mantener la suspensión tiene detrás la mano oscura de intereses que ven amenazado un negocio estable y concentrado. La Corte, con su fallo, terminará definiendo si el país avanza hacia un modelo donde lo público garantice derechos o si prevalece el blindaje de privilegios privados.
Mientras tanto, el statu quo sigue vigente: nada cambia en el régimen de pensiones hasta que la Corte se pronuncie. Pero la pregunta de fondo no da tregua: ¿será la forma la que entierre la reforma, o pesará más la justicia social que encarna? La respuesta marcará no solo el futuro de millones de adultos mayores sin pensión, sino también la capacidad de Colombia de construir un sistema que priorice la dignidad sobre los balances contables de las AFP.
