Sandra Ortiz, renuncia a su cargo en medio de acusaciones de corrupción
La crisis política y judicial en Colombia toma un nuevo giro con la renuncia de Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, en medio de acusaciones de corrupción. En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, Ortiz reafirmó su inocencia y denunció un «espectáculo mediático» destinado a desprestigiarla.
Ortiz, quien fue señalada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de actuar como intermediaria en el presunto pago de sobornos a los presidentes del Congreso, expresó su confianza en que el tiempo y la justicia demostrarán su integridad.
En su carta de renuncia, Sandra Ortiz manifestó su deseo de evitar interferencias en los procesos gubernamentales y aseguró que su lealtad y compromiso siempre han estado con la construcción de una mejor Colombia. Agradeció al presidente Petro por la oportunidad de servir en el Gobierno durante casi un año y destacó el aprendizaje y crecimiento que ha experimentado en el cargo.
Estas revelaciones surgen en medio de un escándalo que implica a altos funcionarios del Gobierno en presuntas actividades ilícitas relacionadas con el desvío de fondos destinados para La Guajira. Según los informes, los fondos fueron utilizados para pagar sobornos a los líderes del Congreso y garantizar el tránsito de las reformas sociales propuestas por Petro.
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, afirmó que Ortiz actuó como mensajera en el proceso de entrega de los sobornos. Se ha hecho público un intercambio de mensajes que indica que Ortiz y López se reunieron en el hotel Tequendama, donde presuntamente se concretó el acuerdo para la entrega del dinero.
Estos nuevos detalles han aumentado la presión sobre las autoridades judiciales para investigar a fondo estas acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. La renuncia de Ortiz y las revelaciones de López sugieren una trama compleja de corrupción que requiere una respuesta rápida y contundente por parte de las instituciones del Estado.
