La Superintendencia de Salud tomó la decisión de intervenir a la EPS Sanitas, generando incertidumbre sobre el destino de sus más de 5,7 millones de afiliados. Sin embargo, los expertos aseguran que el Gobierno está obligado a garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud.

La intervención, que no tiene como fin la liquidación de la EPS, sino realizar un diagnóstico de su situación y designar un interventor, ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien destacó la necesidad de proteger el sistema de salud y la vida de los colombianos.

En un mensaje a través de sus redes sociales, El presidente Petro señaló que el sistema de salud ha sido objeto de denuncias por mal uso de recursos públicos, y que es necesario actuar conforme a la ley y la Constitución para corregir estas situaciones.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también ofreció tranquilidad a los afiliados de Sanitas, asegurando que los servicios de la EPS continuarán operando con normalidad. Destacó que la intervención busca corregir situaciones que afectan a los más de cinco millones de personas afiliadas a Sanitas, asegurando que se mantendrá una atención adecuada y el suministro de medicamentos.

Según el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, es responsabilidad del interventor garantizar el acceso oportuno a la atención médica, la red de servicios y la entrega de medicamentos a los pacientes. En este contexto, los afiliados a Sanitas quedarán bajo la supervisión del interventor designado por el Gobierno.

En medio de la incertidumbre, las autoridades buscan asegurar que los servicios de salud se mantengan operativos y que los afiliados reciban la atención necesaria durante este proceso de intervención.