¿Todo vale? La ética no es un accesorio electoral
La Presidencia exige algo más que visibilidad y contundencia verbal. Exige una trayectoria que resista el escrutinio ético. Y ese examen no comienza en el Palacio de Nariño, sino mucho antes.
En democracia, quien aspira a gobernar debe demostrar coherencia entre lo que predica y lo que hace. Sin esa consistencia, cualquier narrativa sobre orden, autoridad o legalidad pierde sustento.
La candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella enfrenta un dato que no puede minimizarse. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el 62,3 % de las firmas presentadas para respaldar su aspiración fue rechazado por inconsistencias. No es un detalle administrativo. Es una verificación institucional que pone a prueba la seriedad de un proceso que debía reflejar rigor.
Pero el debate ético no se agota en ese episodio. La discusión sobre su línea moral también remite a antecedentes ampliamente conocidos de su ejercicio profesional, que incluyen la defensa de figuras vinculadas a grandes escándalos económicos, políticos y de criminalidad organizada en el país. Ejercer la defensa es una función legítima dentro del Estado de Derecho; sin embargo, cuando quien ha representado intereses asociados a casos de alto impacto nacional aspira a la Presidencia bajo una narrativa de superioridad moral explícita, esas decisiones pasadas entran inevitablemente en el balance ético que la sociedad tiene derecho a examinar.
Más allá de los procesos judiciales o empresariales, también pesan los gestos y las posturas públicas. Descalificaciones pasadas hacia expresiones de la cultura popular colombiana, posiciones personales que hoy se reformulan en pleno escenario electoral —como su tránsito declarado del ateísmo a una identidad religiosa— o cambios de narrativa frente a temas sensibles como el bienestar animal, no son asuntos menores. En política, las transformaciones pueden ser legítimas; lo que el país evalúa es si obedecen a convicciones profundas o a conveniencias estratégicas.
Colombia atraviesa un momento de tensión estructural frente a la captura histórica del poder por minorías privilegiadas y las prácticas que han debilitado la confianza institucional. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, el debate público ha puesto en el centro la reducción de la desigualdad, la redistribución más equitativa de la riqueza sin afectar la iniciativa privada —que ha mostrado crecimiento— y el combate frontal a esas distorsiones del sistema. En ese escenario, el listón ético no puede bajarse: debe elevarse.
El problema no es el tono fuerte ni la confrontación mediática. Es la dificultad para acreditar, con hechos sostenidos, una línea ética coherente con la investidura que se pretende. La autoridad presidencial no se fundamenta en la capacidad de polarizar, sino en la confianza que genera una trayectoria consistente.
En política, la coherencia no es un formalismo: es la base de la confianza pública. Si el estándar ético se flexibiliza por simpatía, afinidad ideológica u odios infundados hacia otros sectores, la responsabilidad deja de ser solo del candidato y pasa a ser colectiva. El poder amplifica lo que encuentra, no lo corrige. Por eso, antes de entregar el mandato más alto del país, la reflexión es inevitable: ¿todo vale?
