Uribe y la jugada de la prescripción: tiempo extra para la política
La carta de Álvaro Uribe Vélez al Tribunal Superior de Bogotá, en la que renuncia a la prescripción de su proceso por fraude procesal y soborno de testigos, parece a primera vista un acto de confianza en la justicia. Sin embargo, detrás del gesto se esconde un movimiento calculado: abrir un margen de dos años adicionales para maniobrar en segunda instancia y mantener su libertad mientras tanto.
Álvaro Uribe Vélez sorprendió a la opinión pública al anunciar su renuncia a la prescripción en el proceso que lo enfrenta con una condena en primera instancia de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La decisión se sustentó en el artículo 85 del Código Penal, que permite al procesado desistir del beneficio, aunque advierte una limitación: si transcurren dos años posteriores a la fecha en que debía prescribir el proceso sin que exista decisión definitiva, la prescripción se declara de pleno derecho.
En este caso, la fecha clave es el 16 de octubre de 2025. Con la renuncia, el proceso no se extingue, pero el Tribunal cuenta con un plazo hasta octubre de 2027 para fallar en segunda instancia. En otras palabras, Uribe logró despejar las críticas que lo señalaban de querer ganar tiempo, pero al mismo tiempo abrió una ventana legal que prolonga el desenlace.
La jugada no es menor. Apenas días antes, el Tribunal Superior de Bogotá había revocado la detención domiciliaria impuesta tras la sentencia de primera instancia, ordenando su libertad mientras se resuelve la apelación. Desde esa posición, la defensa —en manos de los reconocidos penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana, expertos en explotar cada resquicio procesal— cuenta con amplio margen para desplegar tácticas dilatorias: incidentes de nulidad, recusaciones, solicitudes probatorias y tutelas que, aunque presentadas como recursos excepcionales, en la práctica suelen convertirse en verdaderos obstáculos que retrasan procesos de alta complejidad.
Más aún, algunos penalistas advierten que podría intentarse un tratamiento diferenciado entre los dos delitos imputados —fraude procesal y soborno en actuación penal— con el fin de fragmentar los tiempos de prescripción y debilitar el fallo original.
La Corte ha intentado anticipar maniobras de dilación concentrando el caso en la Sala 19 Penal del Tribunal, con dedicación exclusiva. Pero el riesgo de estancamiento persiste: si al llegar a 2027 no se ha dictado sentencia definitiva en segunda instancia, el proceso deberá extinguirse por mandato de la ley.
Lejos de ser un acto de transparencia, la renuncia de Uribe funciona como una táctica para reprogramar el reloj judicial y mantener el control político. Se presenta como un gesto de confianza en la justicia, pero en realidad abre un margen de dos años que le garantiza oxígeno político y libertad mientras tanto.
Esa maniobra no solo aplaza un desenlace judicial, sino que le permite permanecer en el escenario político en plena campaña presidencial, justo cuando el uribismo y la derecha atraviesan una crisis de liderazgo y carecen de figuras sólidas capaces de sostener su proyecto. En ese vacío, Uribe utiliza el proceso como escudo y plataforma, consolidando su presencia más por estrategia judicial que por verdadera confianza en la justicia.
