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Puntos principales

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Algunos aspectos esenciales tienen que ver con la política social. El primero es la creación de un programa de renta ciudadana, que a partir de 2024 unificará varios subsidios ya existentes. “Consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica”, dice el artículo 52. Además, el artículo 298 otorga al presidente atribuciones para crear “un sistema de transferencias o subsidios en dinero y/o en especie” que apoye a la población en situación de pobreza. En suma, el Plan permite una reforma al sistema de subsidios.

También está presente la reforma a la salud, que se radicará en el Congreso en las próximas semanas. El artículo 125 abre la puerta a reducir o incluso anular funciones de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el aspecto de la reforma que más ha generado controversia en las últimas semanas. Según el proyecto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad pública que administra el dinero de la salud, podría girar directamente a los hospitales y otros prestadores de servicios de salud los recursos que le reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado, llamado Unidades de Pago por Capitación (UPC). Dice que el Gobierno definirá en qué condiciones y situaciones lo hará. Actualmente la ADRES se lo gira a las EPS y estas lo transfieren a los prestadores; si se elimina ese paso, la lógica del sistema puede cambiar por completo.

El Plan también trae disposiciones relevantes para la paz total. Entre ellas, el artículo 4 crea un mecanismo no judicial que contribuye a la memoria histórica. Aunque no establece una entidad, se asemeja al funcionamiento de la Comisión de la Verdad, que se constituyó en virtud de los acuerdos de paz con las FARC. La diferencia radica en que el mecanismo propuesto podría incluir los resultados de diversas negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, como las que el Gobierno maneja con grupos tan variados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Al igual que con la Comisión, se estipula que la información que surja no podrá utilizarse en el marco de un proceso judicial.

El Congreso tiene cuatro meses para aprobar el Plan. Primero sesionarán de manera conjunta las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras, que deberán pronunciarse en los próximos 45 días, hasta el 23 de marzo. Después, el texto irá a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, con 45 días adicionales para los debates. El 6 de mayo debe estar definitivamente aprobado por ambas cámaras. En caso de que no sea posible, el presidente puede sacar por decreto el proyecto presentado este lunes, sin cambios.

 

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