La ONU expresa preocupación por el paro nacional del 2021
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por el paro nacional ocurrido en Colombia en el año 2021. El informe, enviado al gobierno nacional, destaca la necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos que resultaron del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Según los expertos de la ONU, las autoridades colombianas no han llevado a cabo investigaciones efectivas conforme a los estándares internacionales, lo que ha permitido que prevalezca la impunidad y ha puesto en riesgo a las víctimas y sus familias ante amenazas a su vida y seguridad.
El comunicado también resaltó los esfuerzos del gobierno actual, como la creación de una mesa técnica interinstitucional para abordar los casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales. Además, menciona la directiva de la Fiscalía General de la Nación, que busca garantizar y proteger el derecho a la protesta como un paso hacia la justicia.
Sin embargo, señalan que, a pesar de estos avances, hay un estancamiento en el trabajo de la mesa técnica y deficiencias en la regulación del uso de armas menos letales durante las protestas. También expresan su preocupación por la falta de progreso en las investigaciones de 16 casos reportados de asesinatos de manifestantes ocurridos en 2021.
El comunicado advierte sobre la posibilidad de transferir procedimientos judiciales a tribunales militares y menciona incidentes de amenazas e intimidaciones dirigidas a víctimas, testigos, abogados, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, lo que agrava la situación.
Finalmente, la ONU enfatiza la responsabilidad del Estado en garantizar que las investigaciones se realicen de manera efectiva y sin demoras, y en procesar y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos. La falta de investigaciones, concluyen, tiene un impacto negativo en la libertad de expresión y en el derecho a la reunión pacífica en el país.
