Boyacá en pausa: la semana en que el paro detuvo al departamento
Entre el 4 y el 9 de agosto de 2025, Boyacá vivió una coyuntura crítica: un paro minero y campesino que paralizó transporte, turismo y comercio, y evidenció la urgencia de políticas inclusivas y sostenibles.
Entre el 4 y el 9 de agosto de 2025, Boyacá experimentó una de las movilizaciones más contundentes de los últimos tiempos, protagonizada por pequeños mineros, campesinos y comunidades afectadas por la delimitación de páramos. La economía regional y el tejido social se vieron sacudidos, dejando detrás de sí un balance marcado por pérdidas económicas, tensiones sociales y un llamado urgente al diálogo.
Desde el primer día, el transporte terrestre fue golpeado con fuerza: la operación intermunicipal se paralizó en más del 98 %, afectando a más de 130 000 pasajeros y bloqueando más de 800 despachos, con impactos inmediatos en el traslado de alimentos, leche y personas que requerían atención urgente. El turismo, pilar económico del departamento, también sufrió: más de 46 000 visitantes dejaron de llegar, provocando una caída en el consumo de 6.382 millones de pesos, cifra que superó los 9.500 millones al sumar el impacto en hotelería.
La interrupción de los canales logísticos elevó los precios de alimentos básicos. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la cebolla y la zanahoria aumentaron hasta un 40 %, debido a rutas más largas y costosas. La cadena de la leche atravesó una grave crisis, con medio millón de litros represados y en riesgo por la ruptura de la cadena de frío.
En el plano social, la situación fue crítica: se reportó la muerte de una persona que no recibió atención médica oportuna debido a los bloqueos, y campesinos denunciaron pérdidas de hasta 15 millones de pesos por hectárea en cultivos, una afectación directa a familias que viven de esas tierras. Municipios clave como Ventaquemada, Sogamoso, Paipa, Duitama y Tunja quedaron parcialmente incomunicados, suspendiendo actividades esenciales como trabajo, educación y atención médica.
Frente a esta crisis, el Gobierno implementó medidas urgentes. La empresa mixta Gensa destinó 9 000 millones de pesos adicionales para saldar deudas con pequeños mineros, sumándose a los 5 300 millones ya entregados, a fin de proteger empleos y garantizar continuidad operativa. El 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció que el paro se levantaba tras acordar una transición energética para la pequeña minería del carbón. Dos días después, el 9 de agosto, se formalizó un acuerdo de diez puntos que incorpora protección del páramo de El Cocuy, fortalecimiento de cadenas campesinas (leche, papa, carne, hortalizas), revocatoria de resoluciones ambientales y acompañamiento técnico a comunidades afectadas.
Esta semana de protesta dejó en claro que el diálogo es indispensable cuando la economía y la cohesión social están al borde del colapso. Boyacá expuso la fragilidad de su infraestructura logística y la necesidad de políticas públicas que equilibren productividad, sostenibilidad ambiental y equidad social. El acuerdo logrado ofrece un alivio inmediato, pero plantea un desafío a largo plazo: lograr que la transición energética y la protección ambiental se traduzcan en oportunidades reales para las comunidades que, por generaciones, han sostenido la economía rural del departamento.
