Carlos Camargo, magistrado entre favores y traiciones
La elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional revive su historial de favores cruzados y prácticas poco éticas, mientras expone la traición de antiguos aliados al Gobierno Petro y provoca una purga sin precedentes en el gabinete. La democracia queda en entredicho cuando la justicia se elige por cuotas.
La elección de Carlos Camargo Assis no puede leerse en clave de “independencia judicial”. Es, más bien, la puesta en escena de una maquinaria que se ha nutrido de favores cruzados, contratos a familiares de magistrados y un actuar poco ético que hoy lo acompaña a la Corte Constitucional.
Durante su paso por la Defensoría del Pueblo, Camargo vinculó a esposas, hijos y nueras de magistrados de la Corte Suprema, justo los mismos que terminaron ternándolo para la Corte. Ese patrón de “del favor al fallo” no es nuevo: ya lo había aplicado en la Federación Nacional de Departamentos con contratos a personas cercanas a jueces que definían cargos clave.
La legitimidad de Camargo, además, podría tambalear jurídicamente. El precedente de Alejandro Ordóñez es inevitable: el Consejo de Estado anuló su reelección como Procurador al comprobar que había nombrado familiares de magistrados que luego intervinieron en su elección, violando el artículo 126 de la Constitución. En el caso de Camargo, los contratos y nombramientos a esposas e hijos de magistrados de la Corte Suprema que después lo ternaron a la Corte Constitucional configuran un patrón muy similar. Si prospera una demanda de nulidad electoral, su llegada al alto tribunal no solo estaría manchada por la política de los favores, sino que también podría ser jurídicamente insostenible.
El Gobierno prefería a María Patricia Balanta por su preparación y representatividad, cualidades que la convertían en un perfil independiente y renovador para la Corte Constitucional. La derrota, con 62 votos a favor de Camargo frente a 41, derivó de inmediato en una purga ministerial. La Casa de Nariño solicitó la renuncia de tres miembros del gabinete: Antonio Sanguino en Trabajo, identificado como cuota de la Alianza Verde; Julián Molina en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cercano al Partido de La U; y Diana Marcela Morales en Comercio, Industria y Turismo, ficha del liberalismo. Adicionalmente, trascendió que cargos en entidades como 4-72, la Agencia Nacional Digital, el ICA, el SENA, Positiva Seguros y la USPEC, vinculados a cuotas de esos mismos partidos, quedaron bajo revisión, aunque sin decretos firmados al cierre de esta edición. El mensaje fue claro: el Presidente no tolerará más el doble juego de quienes cobran cuotas en el Ejecutivo pero conspiran en secreto en el Legislativo.
La traición que Petro denunció desde Japón no es retórica; es la constatación de que partidos como La U, los liberales y sectores de la Alianza Verde jugaron en doble tablero. En este último caso, el coletazo se hará sentir en Boyacá, donde el ala verde experimentará el efecto de la salida de fichas claves de su estructura política. Mientras tanto, conservadores y uribistas celebran haber fracturado la coalición y logrado instalar a un hombre afín al establecimiento.
Para el petrismo, la herida es doble: se debilitó la coalición y se fortaleció la narrativa de que el Senado actúa como una notaría del clientelismo, blindando a un magistrado cuya trayectoria está plagada de cuestionamientos éticos. Lo que se traicionó no fue solo al Gobierno, sino a la promesa de que la Corte Constitucional debía blindarse de cuotas y favores.
En última instancia, lo que está en debate no es el nombre de Camargo, sino la credibilidad del sistema democrático. Si la justicia se elige con favores, el fallo ya está escrito. Y si las coaliciones se compran con cuotas, la traición es solo cuestión de tiempo.
