Salud en liquidación: cómo las EPS convirtieron lo público en negocio privado
Las liquidaciones de EPS revelan algo más que malos manejos contables: ponen en evidencia la connivencia entre empresarios de la salud y políticos que se sentaron en sus juntas directivas. Lo público se volvió negocio privado, con gobiernos complacientes ante el desfalco. El resultado: hospitales quebrados, ciudadanos desprotegidos y un Estado obligado a tapar huecos que nunca debieron abrirse.
Las EPS se salieron de su verdadero objeto, que era administrar los recursos públicos para garantizar la atención en salud de los colombianos. En lugar de limitarse a esa función, construyeron entramados de integración vertical: se volvieron dueñas de sus propias clínicas e IPS, controlaron laboratorios y droguerías, crearon distribuidoras de medicamentos, contrataron constructoras de su mismo grupo y hasta operaron empresas de ambulancias, alimentación y aseo hospitalario. Con ese mecanismo se convirtieron en juez y parte: giraban el dinero público a empresas propias y, al mismo tiempo, dejaban en la ruina a los verdaderos prestadores —hospitales y clínicas independientes— que quedaban con facturas impagas, servicios bloqueados y un desfinanciamiento que aún hoy pesa sobre la red hospitalaria del país.
En las juntas directivas de varias EPS se sentaron figuras de peso político y económico. En la Nueva EPS, por ejemplo, a diciembre de 2023 estaba Noemí Sanín Posada, excandidata presidencial y exministra, junto con el viceministro de Salud Jaime Urrego y el exviceministro de Hacienda Fernando Jiménez. En EPS Sanitas, la junta incluyó a Mónica de Greiff, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y hoy presidenta de AmCham; y Sylvia Escovar, exdirectiva de Terpel. En Coosalud, aparecen nombres como Rafael Santos Calderón, hermano del expresidente Juan Manuel Santos, y Jaime Pastrana Arango, hermano del expresidente Andrés Pastrana.
El panorama no es mejor en las EPS que ya fueron liquidadas. En Cafesalud, el gobierno de turno nombró a Juan Mario Laserna, exsenador, y a Jorge Hernán Cárdenas, economista y consultor, hermano del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. En Saludcoop, el presidente Carlos Gustavo Palacino y su junta fueron sancionados por la Procuraduría, y Palacino terminaría condenado penalmente por desviar recursos públicos. Estos casos ilustran cómo la mezcla de intereses políticos y empresariales sostuvo durante años un sistema donde las EPS se enriquecían mientras la deuda con hospitales y clínicas crecía sin freno.
Los gobiernos, en vez de cortar de raíz estas prácticas, fueron complacientes. Las advertencias de la Superintendencia de Salud se acumulaban, pero desde ministerios y despachos se otorgaban prórrogas, se omitían sanciones o se facilitaban fusiones que maquillaban la quiebra. El blindaje político-empresarial permitió sostener un negocio privado con recursos públicos, mientras los pasivos se trasladaban al sistema y, finalmente, al erario.
Las consecuencias están a la vista. Según el Ministerio de Salud, las EPS activas acumulan hoy deudas de más de $32,9 billones con clínicas y hospitales. La Contraloría encontró que la Nueva EPS tenía reservas técnicas subreportadas en 5 billones y más de 22 millones de facturas represadas. En la práctica, las EPS se liquidan dejando deudas que nunca se pagan, y los hospitales públicos cargan con huecos financieros que obligan al Estado a inyectar recursos adicionales para evitar un colapso mayor.
La impunidad es quizá lo más grave. Los dueños y directivos de EPS rara vez enfrentan consecuencias, y muchos reaparecen bajo nuevas razones sociales o siguen activos en el sector salud. Al mismo tiempo, varios políticos que hicieron parte de sus juntas conservan plena vigencia como voces de referencia en medios tradicionales como Caracol, RCN, Blu Radio o El Tiempo. Desde allí no solo moldean la opinión pública, sino que también mantienen su lugar en la estructura empresarial que por décadas ha blindado el negocio privado de la salud en Colombia.
Por eso, la simple liquidación de EPS en crisis no es la solución. Liquidarlas sin cambiar las reglas de fondo solo traslada el problema: los afiliados terminan en otras aseguradoras igual de frágiles, los hospitales se quedan con cuentas impagadas y el Estado sigue asumiendo pasivos que crecen año tras año. Lo que se necesita es una reforma estructural y urgente que garantice que cada peso público se traduzca en atención para los colombianos y no en el enriquecimiento de unos pocos. La salud no puede seguir siendo la caja menor de intereses políticos y corporativos: debe ser, de manera efectiva, un derecho fundamental protegido por el Estado.
