Restitución y formalización: se acelera la Reforma Agraria
El gobierno de Gustavo Petro alcanzó esta semana un nuevo hito con la entrega de 18.000 hectáreas en La Dorada y el Magdalena Medio, sumando al esfuerzo que ya supera un millón de hectáreas formalizadas o tituladas en todo el país. Sin embargo, en materia de restitución judicial, la ejecución aún enfrenta rezagos que ponen a prueba la capacidad del Estado para responder a las víctimas del despojo.
El anuncio de la entrega de 18.000 hectáreas en La Dorada y el Magdalena Medio no es un acto simbólico más, sino la confirmación de que el gobierno Petro ha decidido acelerar la Reforma Agraria en todas sus vías. Los predios, recuperados de manos del narcotráfico y de testaferros, fueron adjudicados a familias campesinas en once municipios de seis departamentos, entre ellos Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Yondó, Cimitarra, Sabana de Torres, Honda y Puerto Salgar. El mapa de esta jornada habla de una geografía diversa que, por primera vez en mucho tiempo, empieza a ver resultados concretos de una política que ha sido promesa incumplida durante décadas.
El balance general de la administración muestra cifras que marcan un contraste histórico: más de 1,5 millones de hectáreas han sido formalizadas o tituladas, y cerca de 569.000 hectáreas se han gestionado a través de compras, recuperación de predios y transferencias de la Sociedad de Activos Especiales al Fondo de Tierras. Este bloque de tierra no es restitución judicial en sentido estricto, pero sí representa acceso real y seguridad jurídica para miles de familias campesinas y comunidades étnicas que, por primera vez, pueden hablar de estabilidad en su relación con la tierra.
En el campo de la restitución judicial, los avances son más modestos. Según la Unidad de Restitución de Tierras, en lo corrido del actual gobierno los jueces han ordenado restituir 194.025 hectáreas a comunidades indígenas y afrodescendientes. Es un paso importante, pero también una muestra de la brecha pendiente: una sentencia judicial que reconoce derechos no siempre se traduce en entrega material inmediata de los predios. La justicia transicional avanza, pero a un ritmo más lento que las urgencias del territorio.
Ahí se encuentra uno de los nudos más difíciles de desatar. Aunque la URT presenta demandas y abre procesos, la fase judicial se convierte en un embudo: los tribunales tardan meses, incluso años, en emitir sus decisiones, y una porción considerable de casos ni siquiera tiene oposición real. Este hecho revela márgenes para agilizar los trámites sin sacrificar garantías. La advertencia de diversos observadores es contundente: pese a más de una década de vigencia de la Ley 1448, el volumen de tierras efectivamente restituidas sigue siendo apenas una parte de lo que se había proyectado. En otras palabras, no basta con los anuncios semanales de hectáreas entregadas; el desafío es que cada proceso culmine con la devolución real y productiva de la tierra a quienes la esperan desde hace años. La entrega de tierras bajo el gobierno Petro constituye un paso firme hacia la justicia territorial. Sin embargo, la verdadera medida del éxito no se encuentra en los boletines de prensa ni en los discursos oficiales, sino en la vida cotidiana de los campesinos y las comunidades étnicas que reciben la tierra. El desafío está en que logren hacerla producir, que se sientan dueños legítimos y seguros, y que el Estado acompañe con inversión y garantías. Solo así la restitución dejará de ser una cifra y se convertirá en paz sembrada en el territorio.
