Cobros de reconexión de servicios públicos ¿Son legales o ilegales? Esto dice la ley
En el mundo digital de hoy en día, el acceso a servicios esenciales como internet y telefonía se ha vuelto imprescindible. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿Es legal que las empresas cobren por la reconexión de estos servicios?
La abogada, docente, especialista en contratación privada, Stephanie Rendón, experta en derecho y legislación ha arrojado luz sobre este tema controvertido.
Según la experta, «actualmente no es necesario desplazarse o realizar ninguna acción manual para reconectar el servicio de internet o telefonía después de un pago atrasado, ya que esto ocurre automáticamente». Esta declaración es crucial, ya que arroja luz sobre la práctica común de algunas empresas de imponer cargos por reconexión.
La ley 142 de 1994, en el artículo 142, explica, que se permite los cargos de reconexión, solo cuando realmente se incurre en un gasto asociado a la reconexión física del servicio. «Cuando se reconecta sin que se realice ninguna acción o desplazamiento por parte del personal de la empresa, este cargo es ilegal».
Además, si una empresa cobra ilegalmente por la reconexión, los consumidores tienen derecho a solicitar un reintegro o incluso oponerse al cobro. Este principio se aplica no solo a servicios de telefonía e internet, sino a todos los servicios públicos.
La notificación previa es otro aspecto importante. Según sentencias de tutela como la T1108 de 2002 y la T793 de 2012, las empresas deben informar a los usuarios antes de suspender los servicios públicos, no solo a través de la factura, sino también proporcionando información detallada sobre los recursos disponibles para resolver la situación.
Si la notificación previa no se realiza adecuadamente, la suspensión se considera ilegal. La ausencia de notificación previa a la suspensión de servicios públicos es un indicador claro de ilegalidad.
La experta concluye que los derechos de los usuarios están protegidos por el debido proceso administrativo, que incluye el derecho a instaurar un recurso, a ser notificado de los actos que lo afecten y a ser debidamente informado sobre los recursos disponibles.
En este contexto, la falta de notificación previa a la suspensión de servicios públicos se considera una ilegalidad que afecta tanto a las empresas como a los consumidores. Este análisis legal destaca la necesidad de proteger los derechos de los usuarios en el mundo de los servicios públicos.
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