Alumbrado público, negocio privado
En varios municipios del país se ha impuesto un modelo sofisticado para entregar la operación del alumbrado público a manos privadas mediante sociedades de economía mixta. Estudios técnicos que orientan la selección del socio, manejo de los recursos del impuesto y contratación al margen de la Ley 80 conforman un esquema silencioso que hoy enfrenta su mayor prueba: la consulta ciudadana en Paz de Ariporo, convocada para el 30 de noviembre de 2025.
En los últimos años se ha instalado en Colombia un modelo silencioso, técnicamente estructurado y políticamente funcional: la creación de sociedades de economía mixta para gestionar el alumbrado público. En el papel, estas figuras buscan modernizar la infraestructura, optimizar la operación y avanzar hacia ciudades inteligentes. En la práctica, han permitido trasladar la operación y el manejo financiero del servicio a estructuras donde el actor privado termina controlando la caja, las decisiones y buena parte de la contratación.
El proceso suele iniciar con estudios técnicos que diagnostican el estado del servicio y recomiendan esquemas de asociación presentados como la opción más adecuada para garantizar eficiencia. Aunque se formulan como análisis independientes, sus conclusiones acostumbran coincidir con la llegada de un único socio privado que encaja con precisión en los criterios sugeridos. Así se consolidan modelos donde el municipio aporta la infraestructura existente y el privado asume la operación con amplio margen de acción.
El punto neurálgico de este modelo no se encuentra en la tecnología ni en la modernización, sino en el acceso a los recursos del impuesto de alumbrado público, un flujo constante, obligatorio y financiado por los usuarios a través de la factura de energía. Ese manejo se traslada a una S.A.S. de economía mixta sometida a régimen contractual de derecho privado, que le permite ejecutar decisiones críticas —contratos, mantenimientos, expansiones, interventorías— sin los procedimientos obligatorios de la Ley 80. Sin licitaciones plenas, sin pliegos tipo y con competencia limitada, el municipio conserva la apariencia de participación mayoritaria, pero el control operativo real queda en manos del privado.
En Paz de Ariporo, este modelo llegó a su punto de mayor tensión. La creación de la empresa mixta derivó en un conflicto sobre quién debía administrar los recursos del impuesto y cómo debía operar el servicio. La administración municipal retuvo los fondos; la empresa acudió a los estrados; un juez ordenó girar la totalidad del recaudo; hubo suspensión del alumbrado en varios sectores y sanciones por desacato. La controversia profundizó la desconfianza ciudadana frente a la figura societaria y dejó al descubierto una percepción creciente: la empresa mixta funciona, en los hechos, como una concesión de largo aliento sobre un servicio esencial y sobre los recursos que lo financian.
Frente a este escenario, la comunidad activó el mecanismo más contundente dentro del Estado social de derecho: el referendo derogatorio. Tras varias controversias jurídicas, la Corte Constitucional —mediante la sentencia SU-205 de 2025— confirmó que la ciudadanía sí tiene derecho a decidir. La Registraduría convocó oficialmente la votación para el 30 de noviembre de 2025, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., mediante el Decreto 300.21-137 de 2025, disponible para descarga pública.
El valor histórico de este precedente es decisivo. Por primera vez, una comunidad deliberará directamente sobre un modelo que redefine la frontera entre lo público y lo privado en un servicio fundamental. El mensaje es claro: la soberanía ciudadana continúa siendo el último contrapeso frente a los mecanismos que trasladan la gestión pública hacia intereses privados. Si el alumbrado público se convierte en un negocio, será la ciudadanía quien determine si ese negocio se sostiene a costa de su autonomía, de su transparencia y del control sobre sus propios recursos.
Descargar decreto oficial del referendo
“Este artículo fue redactado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, revisado y editado por el equipo de redacción de Boyacávisible»
