Con “leguleyadas» buscan frenar demanda contra el gobernador de Boyacá
En el proceso de nulidad electoral que enfrenta el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, un veedor ciudadano de Tunja ha levantado la voz para denunciar lo que considera maniobras dilatorias Según Yesid Figueroa, quien se presentó en el programa “Sigue La W”, la defensa de Amaya, liderada por la exconsejera de Estado Lucy Jeanneth Bermúdez, ha recurrido a “leguleyadas” para prolongar la resolución del caso en el Consejo de Estado.
El origen del proceso radica en múltiples demandas unificadas que acusan a Amaya de apoyar a candidatos ajenos a su partido, el Partido Verde. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de Figueroa son los recientes movimientos de la defensa, que incluyen la presentación de documentos en lenguas indígenas, braille y lenguaje de señas, lo que, según él, es un intento evidente de demorar el proceso al obligar al tribunal a realizar traducciones oficiales.
Figueroa señaló que, en particular, algunos de los autores de estos memoriales dominan el español y han trabajado como contratistas de la gobernación, lo que pone en duda la autenticidad de sus intenciones. “Una leguleyada fue el lenguaje de señas presentado por William Arley Cepeda Rodríguez, otro en lengua indígena por Sewasu Cobaria, que dice pertenecer a un cabildo abierto, pero no especifica cuál, y un memorial en braille”, subrayó.
Frente a estas acusaciones, Bermúdez respondió afirmando que las intervenciones en diversas lenguas no fueron promovidas por la defensa del gobernador, sino por ciudadanos que participaron en el proceso electoral y desean ser escuchados. La abogada defendió el derecho de todas las personas, sin importar su lengua o condición, a expresarse ante la justicia.
Bermúdez también cuestionó por qué no se critica de igual manera cuando los demandantes presentan escritos en otras lenguas. Para ella, esta situación refleja una falta de reconocimiento de la multiculturalidad y la inclusión en Colombia. Además, reiteró su compromiso con la defensa de la justicia, la igualdad y el respeto por la diversidad en todos los ámbitos del Estado.
El caso continúa generando controversia, mientras se espera que el Consejo de Estado determine la validez de las demandas y el impacto de las estrategias empleadas por ambas partes.
