El proceso y la condena de Álvaro Uribe Vélez
En su más reciente columna, Rodrigo Uprimny ofrece un recuento claro y documentado del proceso judicial que llevó a la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más allá de las posiciones políticas, su reflexión pone en evidencia la fortaleza que puede tener la justicia cuando actúa con independencia y rigor, recordándonos que en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley.
Este análisis ilustra con claridad el valor de la institucionalidad y refuerza la importancia de la justicia independiente, especialmente frente a líderes con gran poder político. Al documentar el largo camino judicial y las múltiples instancias que validaron su continuidad, Uprimny evidencia que la justicia puede prevalecer, aunque cuesten años y reveses. En un contexto tan polarizado, su lectura invita a apostar por la transparencia, el respeto por el debido proceso y la confianza en las instituciones.
Una síntesis de la evolución del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez (AUV) tal vez permita poner en un mejor contexto la condena impuesta por la jueza Sandra Heredia.
Este caso surge de unos debates impulsados por el senador Iván Cepeda sobre el posible involucramiento de AUV en la formación de grupos paramilitares. El expresidente respondió con una denuncia en contra de Cepeda, en febrero de 2012, ante la Corte Suprema, por calumnia y fraude procesal. Esto fue un boomerang para AUV porque el 16 de febrero de 2018, una sala de la Corte Suprema, por decisión unánime de sus tres magistrados, cerró la investigación contra Cepeda, porque consideró que sus actuaciones eran legales, pero compulsó copias para que AUV fuera eventualmente investigado, pues encontró que podía estar incurso en delitos.
Autor: Rodrigo Uprimny Yepes (publicado el 5 de agosto de 2025)
Medio: El Espectador / Dejusticia
Debido a la reforma constitucional de 2018, el proceso pasó a la recién creada Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, la cual, en decisión del 3 de agosto de 2020, adoptada en forma unánime por los cinco magistrados que la integraban, dicta detención contra AUV pues considera que había indicios graves de que había cometido soborno a testigos y fraude procesal.
AUV renuncia al Senado, con lo cual el caso pasa a la Fiscalía, dirigida por Barbosa, cercano al uribismo. El fiscal Gabriel Jaimes, designado por Barbosa, solicita en marzo de 2021 la preclusión del caso, que es una especie de absolución, pues tiene efectos de cosa juzgada. La jueza 28 penal del circuito, Carmen Ortiz, escogida por reparto, niega la preclusión el 27 de abril de 2022, por lo cual Barbosa designa a otro fiscal (Javier Cárdenas), quien nuevamente solicita la preclusión en agosto de 2022, pero nuevamente otra jueza escogida por reparto (la jueza 41 del circuito, Laura Barrera) rechaza el 23 de mayo de 2023 esa petición. La Fiscalía apela esa decisión, pero una sala del Tribunal de Bogotá, por decisión unánime de sus tres magistrados, escogidos también por reparto, confirma el 29 de septiembre de 2023 la decisión y señala que el proceso debe seguir. Sólo después de esas tres negativas a la preclusión, la Fiscalía, ya bajo la dirección de la fiscal Camargo, acusa a AUV el 9 de abril de 2024.
Este relato muestra que antes de que llegara a la jueza Sandra Heredia, también escogida por reparto, el proceso pasó por varias instancias judiciales: tres magistrados de la Corte Suprema, que consideraron que AUV debía ser investigado; otros cinco de ese mismo tribunal que concluyeron que había graves indicios de que AUV fuera responsable de fraude procesal y soborno a testigos; dos juezas del circuito y tres magistrados del tribunal de Bogotá, escogidos aleatoriamente, quienes rechazaron la preclusión del proceso. Todo eso ocurrió durante tres gobiernos muy distintos: el de Santos, el de Duque y el de Petro. Y con una Fiscalía dirigida por jefes muy diversos: Montealegre, Martínez, Barbosa y Camargo.
La condena de AUV no es entonces una conspiración de un gobierno de izquierda, aliado con una fiscal y una jueza supuestamente radicales, como lo han sugerido aliados del expresidente: por el contrario, han sido jueces y magistrados independientes que, resistiendo presiones, han intentado tomar sus decisiones basados en los hechos y en el derecho, como corresponde. ¿Que han podido incurrir en errores? Es posible, pero AUV ha contado con las garantías judiciales para cuestionar esos eventuales errores, incluida su posibilidad de apelar su condena ante el tribunal y eventualmente recurrirla en casación. Por eso, debemos abstenernos de estigmatizar a estos funcionarios judiciales, quienes valientemente han buscado honrar el principio clave del Estado de derecho: nadie, ni siquiera un poderoso expresidente, está por encima de la ley. Un principio que prácticamente ya no rige en Estados Unidos y esta es una razón más para rechazar con firmeza la intromisión imperial a nuestra soberanía de su secretario de Estado, Marco Rubio.
