Entre la legitimidad y la trampa jurídica
La consulta del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, debía ser una demostración de democracia interna. Hoy, sin embargo, se libra en medio de ambigüedades legales, decisiones institucionales cuestionables y una aparente injerencia del Consejo Nacional Electoral bajo la mirada del magistrado Álvaro Hernán Prada. Lo que está en juego ya no es solo una candidatura, sino la legitimidad misma del proceso democrático.
El próximo 26 de octubre, el Pacto Histórico acudirá a las urnas para definir su precandidatura presidencial. Lo que debió ser un ejercicio de consolidación democrática y cohesión política terminó convertido en una confrontación jurídica y estratégica donde las instituciones, lejos de garantizar la transparencia, parecen actuar como piezas dentro de un tablero político más amplio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la dirección de Álvaro Hernán Prada, ha sido señalado por distintos sectores del progresismo de promover una interpretación ambigua de la norma que afecta directamente la legitimidad del proceso. Prada, excongresista del uribismo y figura con antecedentes judiciales, ha manejado con calculada lentitud los tiempos administrativos que definían aspectos esenciales de la consulta: desde la inclusión del logo del Pacto en el tarjetón, hasta la caracterización jurídica del mecanismo.
La consecuencia es un escenario confuso: el tarjetón no llevará el logo del Pacto Histórico, pese a haber sido solicitado en los plazos correspondientes, y la Registraduría Nacional se negó a reimprimirlo alegando falta de tiempo y riesgo de detrimento patrimonial superior a los 100 mil millones de pesos. Así, los ciudadanos votarán con un material electoral desactualizado, en medio de un proceso cuyo alcance legal sigue sin definirse con claridad.
El debate no es meramente técnico. De la definición sobre si la consulta es intrapartidista o interpartidista depende la posibilidad de que el movimiento participe más adelante en una coalición más amplia, como la del Frente Amplio. Si se interpreta como interpartidista, el ganador quedaría jurídicamente atado a ese resultado; si se considera intrapartidista, el proceso tendría valor político interno, sin impedir futuras alianzas. En cualquiera de los dos casos, la falta de precisión del CNE ha sembrado desconfianza y sospechas sobre la imparcialidad de la autoridad electoral.
El retiro de Daniel Quintero, argumentando cambio de reglas, reforzó la percepción de que hay algo más que simple desorganización institucional. En contraste, Iván Cepeda y Carolina Corcho decidieron seguir adelante, reclamando garantías jurídicas y una aclaración previa que dé certeza sobre la validez del proceso.
En medio de la incertidumbre, surgió una propuesta alternativa: el uso de adhesivos explicativos sobre los tarjetones, promovida por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, para aclarar el carácter de la consulta sin necesidad de reimprimir millones de boletas. Una solución simbólica frente a un problema estructural, que refleja la improvisación a la que han sido empujados quienes buscan preservar la legitimidad del proceso.
Todo indica que la consulta del 26 de octubre no solo medirá fuerzas dentro del progresismo, sino también el nivel de resistencia institucional frente a una estrategia de desgaste cuidadosamente impulsada desde la oposición. No hay casualidades en la política electoral colombiana. La serie de decisiones tomadas desde el CNE, bajo la influencia de Prada, configuran una injerencia taimada, discreta pero efectiva, que busca debilitar el proceso democrático del Pacto Histórico desde adentro.
La legitimidad no se construye con votos aislados, sino con confianza ciudadana. Cuando los órganos encargados de garantizarla actúan con sesgo o ambigüedad, dejan de ser árbitros y se convierten en parte del conflicto. Entre la legitimidad que el Pacto busca y la trampa jurídica que se cierne, lo que está en juego este 26 de octubre es más que un nombre: es la credibilidad misma del proyecto político que representa a millones de colombianos.
“Este artículo fue redactado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial, revisado y editado por el equipo de redacción de Boyacávisible»
