La condena a Uribe: un triunfo del Estado de derecho
La justicia condena a Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, marcando un precedente histórico para la equidad ante la ley en Colombia.
Álvaro Uribe no es un político cualquiera. Es una figura que divide con igual intensidad que moviliza. Para millones, fue el presidente que enfrentó con mano firme a las guerrillas y consolidó la seguridad democrática. Para otros tantos, es el símbolo de un modelo autoritario y un manto de impunidad para delitos de Estado.
La sentencia del 1 de agosto de 2025, dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia, marca un punto de no retorno: 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. ¿Su crimen? Influenciar a testigos clave en un caso que se originó en 2014, cuando el senador Iván Cepeda denunció que Uribe había buscado tergiversar testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Las pruebas indicaron que Uribe, a través de terceros, habría ofrecido beneficios y presionado a presos para que cambiaran su versión. Hechos graves, más aún si provienen del más alto nivel del poder político. El fallo, además, incluye una multa millonaria y la inhabilidad política por ocho años.
Esta sentencia no es simplemente una sanción individual. Es un acto institucional que reafirma que ningún cargo, por alto que sea, está por encima de la ley. La jueza Sandra Liliana Heredia no solo dictó una condena, sino que defendió la independencia del poder judicial frente a un entorno político hostil y polarizado.
Durante años, muchos colombianos se preguntaron si era posible que una figura como Uribe respondiera ante la justicia. Hoy, la respuesta es un sí rotundo. Y eso tiene un valor simbólico gigantesco para un país golpeado por décadas de impunidad y corrupción política.
No se trata de celebrar la caída de un expresidente, sino de aplaudir la madurez institucional. Que un exmandatario sea juzgado con garantías, y hallado culpable tras un debido proceso, dignifica la democracia.
Colombia necesita creer en su justicia, y este juicio lo permite. El mensaje es claro: la ley debe ser igual para todos, incluso para quien alguna vez la promulgó desde el poder. El juicio a Álvaro Uribe no solo juzga un delito, juzga la historia, y abre una puerta a la esperanza de una nación más justa y equitativa.
Por: Esperanza Gómez
