La descertificación: negocio del narcotráfico y chantajes políticos
La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia ignora que el verdadero motor del narcotráfico es su propio mercado interno, el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Washington insiste en usar la “certificación” como arma política y no como herramienta de corresponsabilidad.
La descertificación de Colombia por parte del gobierno de Donald Trump expone una vieja narrativa: responsabilizar exclusivamente al productor mientras se omite el peso del consumo. El negocio del narcotráfico funciona como una cadena global que mueve miles de millones, donde las mayores utilidades quedan en manos de las organizaciones criminales que dominan las rutas y las redes financieras que lavan el dinero a través de empresas fachada y mercados internacionales poco vigilados.
Estados Unidos es el epicentro del mercado ilícito. Ningún otro país concentra tantos consumidores ni tanto flujo de capital. Sin embargo, su estrategia no ha logrado reducir efectivamente el uso de drogas: se limita a contener la mortalidad de los adictos con naloxona y programas de reducción de daños, mientras el consumo sigue creciendo. Colombia, en cambio, arriesga vidas en incautaciones récord y procesos de sustitución, pero recibe el señalamiento de no cumplir.
El lavado de dinero complementa el negocio: bancos con controles débiles, sectores intensivos en efectivo y profesionales especializados convierten millones ilegales en inversiones legales. Este engranaje financiero, que alimenta economías legítimas, garantiza que las mafias disfruten de las rentas y perpetúen el ciclo.
En los hechos, la descertificación vino acompañada de una exención por “interés nacional”, lo que significa que la cooperación en materia de seguridad y lucha antidrogas se mantiene intacta. No hay ruptura en la colaboración operativa, ni en la interdicción, ni en la asistencia técnica. El mensaje va dirigido al gobierno Petro: se trata de una sanción política contra su enfoque de política y estilo de gobierno, más que una medida real de castigo a Colombia como socio estratégico de Estados Unidos.
La descertificación no mide de manera objetiva los avances ni la corresponsabilidad; se ha convertido en un instrumento de presión política. El gobierno colombiano lo denunció con claridad: no obedece a criterios técnicos, sino que constituye un chantaje político en plena antesala de las elecciones presidenciales, donde sectores de la derecha buscan capitalizar la medida en su beneficio electoral, mientras en el trasfondo persiste la sombra de estructuras mafiosas que han marcado históricamente la política colombiana.
El problema de las drogas es global y complejo. Sin una mirada que reconozca la corresponsabilidad del consumidor, la descertificación seguirá siendo una estrategia hipócrita: exige sacrificios al productor, protege al mercado y blinda a las mafias que se enriquecen a costa de la sangre y el dolor de nuestros territorios.
