La salud en cuidados intensivos

Quizás a nadie se le hubiera ocurrido en ningún lugar del mundo una manera de robarse los recursos públicos de la salud de forma tan descarada como en Colombia cuando se diseñó la Ley 100 de 1993. El procedimiento es como un acto de prestidigitación y desde el momento en que el dinero entra a las EPS, se convierten en recursos privados y se rigen por el derecho privado. Eso explica por qué tantas de estas entidades quebraron, porque su negocio no era la salud sino el saqueo.

La primera campanada de alerta sonó por allá en 2013 cuando un informe de la Contraloría General, por aquel entonces en cabeza de Sandra Morelli, sancionó a Carlos Palacino y 14 directivos más de Saludcoop a devolver 1,4 billones de pesos que habrían desviado entre 2002 y 2010.

El esquema de funcionamiento es relativamente sencillo. El Estado gira a las EPS recursos con arreglo al tipo de afiliados es decir si estos pertenecen al régimen subsidiado o al contributivo. Con estos recursos, las EPS construyeron clínicas y laboratorios de manera que  cuando recibían los dineros pagaban primero que todo a  sus propias empresas, constituyeron lo que se conoce con el nombre de integración vertical, es decir, empresas subsidiarias que pertenecen a una casa matriz que en este caso son las EPS.

Sin embargo, el problema surgió al descubrir lo fácil que resultaba desfalcar al Estado,  la voracidad se estimuló de tal forma que pusieron los precios que se les dio la gana y así no hubo plata que alcanzara, dejando damnificados a los hospitales públicos y proveedores externos a quienes no les pagaron porque cuando el saqueo era insostenible se declararon en quiebra y los afiliados tuvieron que pasar a otra EPS donde el esquema se reproducía y a juzgar por la información disponible, ninguna de estas empresas escapó a la codicia desenfrenada, ni aún entidades tradicionalmente respetables como Suramericana que acaba de solicitarle al Gobierno una salida progresiva del sistema de salud.

Adicionalmente, como el negocio es contrario a la prestación de un buen servicio, las condiciones de los pacientes se dejaron evolucionar para que ingresaran a formar parte de las enfermedades de alto riesgo, mucho más rentables que las enfermedades comunes. En muchas ocasiones se negó la atención a pacientes que eran remitidos de una a otra institución o simplemente no se les atendía porque a juicio de un celador no cumplía con algún requisito. A esto se le conoció como los paseos de la muerte, que de todo tenían menos de paseo.

Es entonces cuando llega el Gobierno del Cambio y propone una reforma estructural al sistema de salud, que privilegie la prevención y se enfoque en la vida por encima del negocio, un enfoque humanista, pero que encendió la virulencia de los detractores, para quienes nada de lo que proponga o haga este gobierno es bueno y por tanto, hay que atacarlo, destruirlo, desprestigiarlo, acabarlo. El impresionante grado de agresividad con que se ataca al Gobierno es la prueba de que lo que se trata de defender son intereses muy turbios, disfrazados bajo el ropaje de una preocupación por los pacientes, cuando en realidad éstos no les importan; tan no les importan que la denominación de los usuarios del sistema mutó de paciente a cliente.

Ahora que prácticamente todas las EPS están de una u otra manera intervenidas por el Gobierno Nacional, es el momento de presionar por la reforma estructural que se nos prometió en campaña. Y hay que señalar que las reformas tan limitadas no serán suficientes, lo cual implica profundizar el cambio y para lograrlo hay que elegir un congreso que acompañe al Gobierno y no que se atraviese como mula muerta a sus iniciativas. Si no somos capaces de hacerlo, tenemos en la Argentina de Milei lo que nos espera. Tendremos el sistema de salud que cada quien pueda pagar y si no tiene recursos, bueno, para eso está la hipoteca inversa.

Manuel Álvaro Ramírez R.
Magíster en Economía

Universidad de los Andes