Los riesgos legales de la “Justicia por mano propia” en Colombia
La justicia por mano propia es un fenómeno creciente en Colombia, alimentado por la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y el sistema judicial. Sin embargo, este tipo de acciones, que algunos ciudadanos consideran un «derecho» frente a la inseguridad, plantea serios problemas legales.
Recientemente, se han registrado varios casos de justicia por mano propia en el país. Uno de los más notorios ocurrió cuando un conductor, tras ser robado, arrolló a dos delincuentes, causando la muerte de uno de ellos. En otro incidente, una multitud en San Andresito de la 38 linchó a una pareja de ladrones, resultando en la muerte de uno. En Timiza (Kennedy), la comunidad capturó a dos ladrones de autos, los desnudó y quemó su ropa.
Alejandro Benavides, doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología, y secretario general de la Universidad Manuela Beltrán, advierte que la justicia por mano propia puede tener graves consecuencias legales. El ordenamiento jurídico colombiano no reconoce estas acciones como legítimas, ya que solo el Estado está autorizado para ejercer la fuerza y administrar justicia.
Según Benavides, aunque la ley colombiana contempla figuras como el «estado de necesidad» y la «legítima defensa», estas están sujetas a estrictos requisitos para ser consideradas legales. La legítima defensa solo se reconoce cuando una persona actúa para proteger su vida o la de otro ante un peligro inminente, y la respuesta debe ser proporcional al riesgo enfrentado. El incumplimiento de estos requisitos puede llevar a consecuencias penales graves, como cargos por lesiones personales, intento de homicidio u homicidio, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.
Este fenómeno no solo viola la ley, sino que también refleja una inclinación preocupante hacia la violencia en la sociedad. Otros expertos señalan que la tendencia a tomar la justicia en propias manos agrava la inseguridad y desafía la capacidad del Estado para mantener el orden y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
