Renta Básica Solidaria para mayores sin pensión, Corte en pausa, derecha en campaña

La reforma pensional creó el Pilar Solidario con una Renta Básica Solidaria (RBS) de $230.000 para adultos mayores sin pensión. Su puesta en marcha quedó suspendida por la Corte Constitucional mientras se corrigen vicios de trámite. En ese impase, la derecha arreció su ofensiva pública y judicial, y los gremios económicos multiplicaron advertencias. ¿Defensa técnica o estrategia para que la reforma se caiga?

El punto de partida es jurídico y conviene subrayarlo: la suspensión obedece a forma, no a fondo. La Corte pidió rehacer parte del trámite y congeló la entrada en vigor hasta decidir definitivamente. No es un veto al contenido, pero sí un alto en seco que tiene efectos reales: sin ley vigente, la arquitectura operativa del Pilar permanece apagada y el país vuelve—por ahora—al esquema de Colombia Mayor (transferencias menores y fragmentadas).

Mientras tanto, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) había encendido motores: búsqueda e inscripción de potenciales beneficiarios, con la promesa de unificar en $230.000 mensuales la ayuda para los mayores más vulnerables. Para que ese engranaje funcione se requieren ajustes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)—que registra aportes a seguridad social—y en el Registro Único de Afiliados (RUAF)—que consolida información de afiliación y programas sociales—. Esa puesta a punto también quedó en pausa.

¿Alcanza con $230.000? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima que la línea de pobreza extrema per cápita ronda ese monto, y que la de pobreza monetaria es bastante superior. Traducido: la RBS evita la indigencia, pero por sí sola no saca de la pobreza a una persona mayor. Si el norte es una vejez digna, la transferencia debe acompañarse de cuidados, salud y acceso efectivo a servicios, especialmente en zonas rurales.

El segundo muro es fiscal. El Presupuesto General de la Nación (PGN) se formula con la regla fiscal en cláusula de escape, es decir, con una senda de retorno comprometida y márgenes estrechos para gastos permanentes. El consenso técnico admite que el Pilar Solidario cuesta una fracción del PIB manejable, siempre que se ancle plurianualmente, con fuentes estables—incluido el Fondo de Solidaridad Pensional (FSP)—y reglas del juego previsibles. Sin ese blindaje, la RBS corre el riesgo de volverse intermitente, rehén del ciclo y de la coyuntura política.

¿Por qué la derecha quiere tumbar la reforma? Hay tres capas que se retroalimentan. La ideológica: objeción a que un mayor porcentaje de cotizaciones fluya hacia Colpensiones, preferencia por el ahorro individual administrado por privados y rechazo al umbral que traslada aportes al pilar público (el debate de los 2,3 salarios mínimos). La patrimonial: el rediseño recorta comisiones y volumen administrado por los fondos privados, con efectos en el mercado de capitales; es natural que esos actores defiendan su posición. Y la electoral: en ciclo preelectoral, derribar la reforma emblemática del Gobierno erosiona su relato de cambio y refuerza el mantra de que “no hay con qué ni saben cómo”.

Los gremios juegan su partido a la vista: documentos, foros, escenarios de riesgo sobre crecimiento, empleo y ahorro. Parte de esa crítica es pertinente—cualquier rediseño debe cuidar el ahorro y la profundidad del mercado—; otra parte se confunde con la defensa del modelo de negocio y el statu quo. Nada de eso, por sí solo, prueba interferencia en la Corte. Pero sí configura un ambiente de presión que permea la conversación pública.

La independencia del tribunal es condición de la democracia, y su decisión se tomará por expediente. El resto es política y administración. Si el Congreso subsanó los vicios, la Corte deberá decir si el corazón de la reforma pasa y bajo qué condiciones. Si pasa, Hacienda tendrá que amarrar el financiamiento en el PGN y el Gobierno deberá encender los habilitadores PILA y RUAF sin intermediarios ni clientelismo. Si no pasa, habrá que reconstruir un consenso que, aun sin reforma, brinde un piso real contra la indigencia en la vejez.

Llamar “renta básica” a un programa sujeto a vaivenes judiciales y presupuestales es, hoy, una promesa. Convertirlo en derecho exigible exige tres llaves: certeza constitucional, anclaje presupuestal y ejecución territorial con rigor. Ese es el terreno donde debería darse la pelea. Lo demás—campaña, lobby y ruido—no paga mercados ni llena neveras.