Pronto, empresas de servicios públicos deberán usar facturas electrónicas
El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han anunciado que, a partir del 1 de agosto, todas las empresas de servicios públicos deberán emitir facturas electrónicas, reemplazando los recibos impresos tradicionales. Esta medida busca fomentar la digitalización y formalización de pagos en Colombia.
Desde hace seis años, el país ha avanzado en el proceso de facturación electrónica, comenzando con grandes empresas y extendiéndose a pymes, microempresas y personas naturales. Ahora, es el turno de las empresas de servicios públicos, como agua, luz, gas y telecomunicaciones, de adoptar esta tecnología, según la Resolución 008 de 2024 publicada en mayo por la DIAN.
Las empresas disponen de un periodo de habilitación para realizar pruebas piloto y asegurar el correcto funcionamiento de sus sistemas conforme a los lineamientos de la DIAN. Sin embargo, dado que estos servicios son de consumo masivo, las empresas deben considerar que no toda la población tiene acceso a medios electrónicos. Por lo tanto, deben desarrollar opciones que faciliten el acceso a esta nueva forma de recibir documentos de cobro.
Las empresas de servicios públicos deberán incluir en sus facturas electrónicas detalles como la descripción de bienes y servicios, descuentos, financiación, subsidios y otros cargos. Los clientes, a su vez, deben proporcionar su nombre, documento de identidad y correo electrónico.
Además de cumplir con las obligaciones legales, las empresas se beneficiarán de ventajas como la deducción de impuestos y la generación de un historial crediticio favorable, fortaleciendo su posición en el mercado y contribuyendo a la transparencia y control financiero interno.
Para las regiones rurales sin conectividad, se podrán utilizar mecanismos de contingencia, como software de escritorio para generar facturas electrónicas o formularios impresos con consecutivos proporcionados por la DIAN, asegurando la continuidad del servicio y cumplimiento de la normativa.
