SALARIO MÍNIMO POR DECRETO
Por: Manuel Álvaro Ramírez R.
Esta semana, el ministro del Interior Armando Benedetti sorprendió a la prensa con una chiva suculenta: El salario mínimo podría quedar en $1’800,000 y significaría un aumento de 26,4%, lo que desde luego provocó la rasgada de vestiduras de los empresarios quienes desde hace muchos años venían acostumbrados a que los gobiernos, es decir ellos mismos, hicieran aumentos simbólicos que apenas mantenían a raya el poder adquisitivo con una tacañería que debería producir sonrojo en una clase empresarial medianamente decente, pero ésta no lo es.
Obviamente, el primero que salió a trinar fue Jaime Alberto Cabal, quien calificó la propuesta como un exabrupto y un sinsentido y salió con el estribillo que siempre se desempolva en estos casos: Que eso produciría inflación y desempleo; que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y juegan a que la gente es desmemoriada porque ese mismo argumento se ha esgrimido siempre que se sientan las partes a buscar una concertación y durante este gobierno ni se diga, pero lo que ha sucedido es exactamente lo contrario, la inflación se ha reducido y el empleo ha aumentado.
Pero pongámonos serios para el debate. La Economía es una ciencia social que nació con el significativo nombre de Economía Política. Así, quizás los principales libros que sentaron las bases de la ciencia llevaban esas dos palabras economía política, el de David Ricardo se titula Principios de Economía Política y Tributación y el de Karl Marx El Capital, Crítica a la Economía Política, el de Jean Baptist Say, Curso de Economía Política, no así el de Adam Smith a quien tanto citan muchas veces sin haber leído más que la referencia de Wikipedia, La riqueza de las naciones. Y el llamado a la seriedad en el debate es porque desde mediados del siglo XIX se le ha querido quitar a la ciencia el carácter social en la forma y la parte política en el contenido. Hoy, muy pocas universidades enseñan Economía Política, por lo menos no está en el programa de la Javeriana, el Rosario ni Los Andes. Y esto no es gratuito, la Economía Política, sobre todo la marxista habla del trabajo como la fuente de la riqueza y plantea la lucha de clases como el motor de la historia.
Ahora bien, ya asumido el tema con seriedad, hay que decir que como ciencia social la teoría es susceptible de interpretaciones y le corresponde a quien quiera debatir, probar con cifras y argumentos válidos. Entonces conviene comenzar diciendo que el aumento de salarios es defendido en parte por teóricos del capitalismo que consideran que más dinero en poder de los trabajadores es una forma de dinamizar el consumo, fortalecer el mercado interno y estimular la productividad. En la otra orilla están quienes consideran que un aumento de salarios aumenta la inflación porque los empresarios trasladarán automáticamente el incremento a los precios, apare de que crecería el desempleo. Este último ha sido el argumento central para no subir los salarios reales y en la práctica para crear miedo e intensificar la explotación.
Antes del Gobierno del Cambio la última conquista en materia salarial se tuvo por allá en 1975 cuando el presidente Alfonso López Michelsen sancionó la Ley 52 que reconocía que los empresarios deberían pagar intereses sobre los saldos de las cesantías de los trabajadores es decir hace medio siglo que por última vez se logró que los empresarios le reconocieran a los trabajadores algo adicional al salario básico. Desde entonces, no ha habido una sola norma que favorezca al trabajo, todas se han orientado a fortalecer el capital, de manera que si se decretara un aumento incluso del 26,4% apenas estaría devolviendo a los trabajadores parte de lo que le han estado arrebatando gracias a la llamada flexibilización laboral, que no es más que la reducción soterrada de los salarios.
Adicionalmente, Colombia no se caracteriza por tener una burguesía industrial pujante como quizás la tuvo a comienzos del siglo XX, pero con la llamada apertura o neoliberalismo en términos prácticos, se inició una desindustrialización que liquidó buena parte de las empresas manufactureras que se habían logrado construir y que habían demandado muchos recursos privados y públicos, estos últimos se canalizaban a través del Instituto de Fomento Industrial IFI. Lo que se ha venido fortaleciendo entonces ha sido el sector de servicios financieros, la extracción de combustibles fósiles, las telecomunicaciones, la economía de plataformas y, claro, el saqueo del Estado por diversas vías.
En plata blanca, Petro sabe que las empresas ni se van a quebrar ni se van a ir. Es su último año y las relaciones con el empresariado se ha caracterizado por su animadversión hacia todo lo que signifique la más mínima reivindicación de los trabajadores, por tanto, no lo van a odiar menos si aumenta el salario mínimo en 5%, 10% ó 26,4%. En otras palabras, aumentar el salario mínimo no le va a reducir la carga de odio de una élite mezquina, pero en cambio sí le puede representar un caudal de votos para defender su legado.
