Siete compromisos entre Gobierno y recicladores
Después de la manifestación masiva de recicladores en el norte de Bogotá, el Gobierno y los representantes del gremio lograron establecer un acuerdo significativo. En la mesa de diálogo, que comenzó a las 3 p. m. y concluyó a las 10:30 p. m., se acordaron siete compromisos clave, incluyendo la modificación del controvertido decreto 596 de 2016, motivo principal de las protestas.
La reunión, que tuvo lugar frente al edificio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), contó con la presencia de diversas entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Uaesp, así como 17 representantes de diferentes asociaciones de recicladores de Bogotá.
Uno de los puntos más destacados fue la necesidad de presentar un catastro de usuarios atendidos ante la Superintendencia de Servicios Públicos para recibir el pago mensual a las asociaciones. Esta exigencia, considerada costosa e innecesaria por los recicladores, provocaba aplazamientos en los pagos e incluso sanciones. Magda Barenas, líder de la mesa de diálogo, explicó que «esta recolección de catastro de usuarios es complicada, costosa e innecesaria, ya que a nosotros nos pagan por tonelada de material aprovechado».
Además, el decreto asume incorrectamente que los usuarios separan sus residuos, cuando en realidad son los recicladores quienes realizan esta tarea. Según Barenas, «nosotros somos los que separamos el material de las bolsas de basura; la gente no sabe separar. Esto no lo tienen en cuenta en la remuneración a los recicladores».
Otro punto controversial del decreto es la carga prestacional de los trabajadores, que a menudo las asociaciones no pueden costear. Esto deja a los recicladores sin prestaciones. Con ingresos diarios que oscilan entre 20,000 y 40,000 pesos y un bono mensual adicional, los recicladores enfrentan una situación económica precaria.
Para abordar estos problemas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, liderado por Catalina Velasco, se comprometió a enviar la versión final del proyecto modificatorio del decreto 596 de 2016 a los representantes de los recicladores el 17 de mayo. Este proyecto se someterá a participación ciudadana el 24 de mayo.
La Superintendencia de Servicios Públicos también se comprometió a revisar los casos de aplazamiento de pagos mediante un cronograma de mesas de trabajo presencial, analizando cada caso en el Sistema Único de Información. Además, la entidad de Regulación de Agua y Saneamiento iniciará talleres pedagógicos con 30 representantes de las organizaciones de recicladores para reformular el modelo tarifario de aseo de la ciudad.
Ruth Maritza Quevedo, directora ejecutiva de la CRA, declaró que «los recicladores serán remunerados con cada actividad laboral: recolección, transporte, separación, pesaje y almacenamiento». Esta medida busca modernizar el sistema de recolección de residuos y fomentar una economía circular, reduciendo la dependencia de los botaderos.
Con estos compromisos, el Gobierno pretende mejorar las condiciones laborales de los recicladores y optimizar el sistema de recolección de residuos en Bogotá, implementando rutas específicas para residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables. Quevedo añadió que «hasta que haya el resultado de los estudios sabremos si la modificación de la tarifa se verá reflejada en el recibo de los usuarios». Estos estudios se llevarán a cabo en los próximos meses, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de recolección eficiente y sostenible.
