Playa Blanca
Por: Diego Francisco Sánchez Pérez*
Más de 4 años lleva el cierre de Playa Blanca, y estamos ad portas de la realización de la audiencia pública ambiental que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, debe llevar a cabo el día 14 de marzo, para determinar si otorga o no, unos permisos a Corpoboyacá que permitan la operación turística en Playa Blanca y de contera su reapertura al público en general.
El debate tiene dos validos argumentos. Uno el conservacionista que propende porque el lugar sea protegido al máximo del usufructo humano, dadas sus especiales condiciones ecosistémicas, y el papel fundamental que juega en el suministro de agua a aproximadamente a 180 mil personas del valle del Sugamuxi. Y por otra parte empresarios del turismo que por años tuvieron el paradisiaco lugar como fuente de sustento personal y familiar y que, por el cierre, han visto gravemente mermadas sus finanzas. La pugna no es menor, y adquiere relevancia desde la óptica de los derechos fundamentales en disputa. El derecho al ambiente sano y el derecho al agua como recurso vital y finito; y el derecho al trabajo digno, que valga decir, irresponsables han tomado como caballo de debate político.
No hay que olvidar que, en un pasado no lejano, Playa Blanca estuvo dada en comodato al municipio de Tota el que arrendaba sin miramiento ambiental el lugar a terceros que lo convirtieron en pista de motocarros, de paseos a caballo, desaseo, y desorden. Hoy esperamos que nadie desee volver a aquel grotesco espectáculo.
Contradictoramente en esta colisión de derechos e intereses, Corpoboyacá se ha visto entre la espada y la pared por las recientes millonarias inversiones en el inmueble de su propiedad, las que hoy no están jurídicamente clarificadas pues se cambiaron obligaciones que tenía la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso, Coservicios, (que capta agua del lago para suministro humano) y Acerías Paz del Rio de siembra y conservación miles de árboles por cerramiento, placa huella, baños, y equipamientos para el tratamiento de agua potable y servidas.
La decisión que tome la ANLA con seguridad no dejará satisfechos a todos los actores, pero sí debe servir para sentar precedente en lo que respecta a los derechos en disputa, para que a futuro podamos todos disfrutar responsablemente de Playa Blanca y sus arenas a más de 3.000 metros de altura en vivo y en directo, y no en los álbumes fotográficos.
Abogado funcionario de Corpoboyacá
