Corte IDH condena a Colombia por desprotección al pueblo U’wa
El 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió un fallo histórico que condena al Estado colombiano por la desprotección de los derechos del pueblo indígena U’wa. Este es el primer caso de una comunidad indígena colombiana en llegar a esta instancia internacional y refleja una victoria para los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.
La demanda fue interpuesta hace 26 años por la comunidad U’wa, habitante de la región cercana al Nevado del Cocuy, en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Los U’wa han luchado por la protección de su territorio frente a las actividades petroleras, mineras y turísticas que el Estado ha permitido en su tierra ancestral.
El pueblo U’wa considera que estos proyectos, como el campo de gas Gibraltar y el oleoducto Caño Limón–Coveñas, son una amenaza directa a su cultura, medio ambiente y forma de vida.
La Corte IDH declaró que estas actividades, autorizadas por el Estado colombiano, vulneraron la autonomía del pueblo U’wa, un derecho protegido por la Constitución. Además, la Corte instó al Gobierno colombiano a tomar medidas inmediatas para proteger y restaurar los derechos territoriales del pueblo U’wa, otorgándole un plazo de un año para la adopción de estas acciones.
Este fallo también resalta la tensión entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los intereses económicos del Estado. Mientras que el Gobierno ha defendido la explotación de los recursos naturales como esenciales para el desarrollo económico, los U’wa han insistido en que su derecho a proteger su territorio es innegociable.
Representados por organizaciones como EarthRights International (ERI) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el pueblo U’wa ha logrado que su demanda sea finalmente reconocida a nivel internacional.
Este fallo marca un precedente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, reafirmando la obligación del Estado colombiano de garantizar la protección de sus territorios y culturas frente a intereses ajenos a su bienestar.
