OpinionPor: Manuel Álvaro Ramírez R.

Colombia asesina opositores

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Colombia asesina opositores

Tuvieron que pasar casi 40 años para que un organismo internacional, más exactamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, nos viniera a decir lo que muchos de nosotros sabíamos y que se había denunciado aquí y en el exterior: Que en Colombia se usan las armas del Estado para asesinar opositores o simplemente ciudadanos que resulten incómodos al régimen. Esto se hizo mediante una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública, que derivó en actos de violencia, dijo la Corte. La historia es la siguiente:

Luego de un acuerdo entre el Estado representado en el presidente Belisario Betancourt y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP, se creó un partido político conocido como Unión Patriótica, UP, que quiso participar en la política, es decir en el manejo del Estado y constituirse en opción de poder. Sin embargo, una cosa pensaba el presidente de entonces y otra los poderes reales que por aquella época ya se empezaban a fusionar entre empresarios, ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.

Se inició entonces una guerra sucia contra el recién creado partido político y mediante amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos, diezmó a lo largo de unos treinta años al partido que había surgido de las cenizas de las FARC-EP, se habla de un número cerrado de seis mil víctimas, pero éstas son únicamente las de la UP, porque simultáneamente se comenzó a desarrollar una guerra para despojar campesinos de sus tierras, situación que los medios presentaban como una consecuencia de los enfrentamientos de la guerrilla contra el Ejército o contra los paramilitares. Pero no, muchos de los desplazamientos se produjeron directamente por parte de los paramilitares, por lo general, después de una masacre donde no se escatimaban horrores para que los campesinos salieran huyendo sin mirar atrás. A los paramilitares, el ejército cómplice les asignó el benevolente nombre de ‘Autodefensas’ y éstos incluso se autoproclamaron héroes y así bautizaron sus cuadrillas.

Precisemos, aquí no hubo desplazados como víctimas colaterales de la violencia, aquí lo que hubo fue una violencia orientada a desplazar campesinos y robarle sus tierras.

Este fallo es muy importante tomando en consideración que seguramente este Gobierno cumplirá complacido la sentencia que, entre otras medidas, exige que el Estado haga un reconocimiento público de su responsabilidad, establezca un día en conmemoración de las víctimas y ordene construir un monumento conmemorativo. Dura bofetada para los sectores recalcitrantes que se han empecinado en negar lo evidente porque no se atreven a asumir con dignidad la responsabilidad que en este genocidio les corresponde.

Esto es apenas el comienzo de una serie de decisiones que conllevarán a que oficiales de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos hoy retirados, nos cuenten su papel que por acción u omisión cumplieron en la llamada guerra sucia, aunque, como dijera alguna vez Antonio Navarro Wolf, la guerra siempre es sucia porque lo que no existen son guerras limpias y cuando a este mismo político le preguntaron si en Colombia se debería imponer la pena de muerte, respondió que los colombianos teníamos que luchar para acabar con ella, porque como acaba de decirlo la CIDH, la muerte a los opositores se ha venido aplicando de forma sistemática desde hace muchos años y aún hoy, es un flagelo que no hemos podido todavía erradicar.

 

Magister en Economía

Universidad de los Andes

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por: Boyacá Visible

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