DEFENSA CABAL
Por: Manuel Álvaro Ramírez R.
Daniel Coronell sorprendió a Colombia con una noticia que indignó a muchos y posiblemente le costó a María Fernanda Cabal la candidatura a la presidencia, digamos entonces que se anotó un punto en su palmarés de periodista investigativo. Pero, esto es para la galería porque un análisis serio mostrará que lo que dijo es más lo que oculta que lo que descubre.
En efecto, según el periodista, el hijo del matrimonio Lafourie-Cabal Juan José, se apropió de un subsidio para enriquecerse, lo cual es cierto. Lo que no lo es, es que sea la excepción a algo que se está haciendo en Colombia desde 1993, es decir es un acontecimiento cotidiano desde hace más de treinta años como se explicará a continuación.
Durante el gobierno de César Gaviria se aprobó la Ley 101 de 1993 que estableció el Incentivo a la Capitalización Rural conocido por su acrónimo ICR. Este incentivo consiste en un porcentaje que el Estado otorga a quien obtenga un crédito orientado a actividades agropecuarias. Está reglamentado para otorgar un subsidio, que en la Ley se llama incentivo, para grandes medianos y pequeños productores en relación inversa con la propiedad del solicitante y es aquí donde aparecen las nubes grises para el saqueo de lo público.
Definir lo que es un grande, un mediano y un pequeño productor fue objeto de discusión técnica durante muchos años, hasta que se optó por establecer que una Unidad Agrícola Familiar debería generar recursos de dos salarios mínimos mensuales vigentes, lo que actualmente y gracias al mamerto guerrillero presidente, equivaldría a unos 2,8 millones mensuales, una finquita más o menos capitalizada. Entonces los terratenientes descubrieron la forma fácil de esquilmar al erario con apego a la ley. No faltaba más. La trampa consistió en dividir las grandes extensiones entre testaferros, familiares o no, y aplicar a los incentivos destinados a los pequeños productores. De la noche a la mañana todos los hacendados resultaron minifundistas para obtener el máximo de subsidios y además acceder a la tasa de interés preferencial para los más pobres, otra forma de subsidio adicional.
Qué fue entonces lo que hizo don Juan José Lafourie Cabal; solicitó un crédito por $400 millones ante Serfinanza, el banco de los amigos de su padre, y una vez obtenido el crédito aplicó para el subsidio como pequeño productor cuyos activos eran de $129,139,311 y sus ingresos anuales $95,996,800. Debe ser muy mal abogado para devengar esos honorarios y tener un patrimonio tan precario como si viviera en Ciudad Bolívar, pero bueno, eso es lo que hay. Para el crédito de $400 millones, el incentivo máximo establecido es de $95,273,700, casi el 25% o la cuarta parte del crédito que se descontó casi al tiempo de obtener el préstamo y esa fue la denuncia de Coronell.
De esta operación se pueden ir sacando varias cosas en blanco. Lo primero es que la noticia, como muchas que aparecen en época electoral, se presentó como la excepción a la regla es decir, un avivato adinerado se aprovecha de unos recursos destinados a los pobres campesinos que se parten el lomo al sol y al agua para enriquecerse y esto en términos estrictos, si no es del todo falso, tampoco es del todo cierto. En alguna reunión a la que asistí, con el entonces ministro de agricultura José Antonio Ocampo, sí, el primer ministro de hacienda del castrochavista Petro, Ocampo dijo “el ICR no es un subsidio para pobres, eso no se diseñó para ellos sino para capitalizar el campo” y aquí pido disculpas por narrar en primera persona, pero son ese tipo de experiencias las que me permiten expresar por escrito mis opiniones. Hasta aquí las disculpas y seguimos.
Por tanto, aunque es válido poner de presente que justamente quienes se oponen a los subsidios para los pobres, son usufructuarios de éstos, y señalar las injusticias implícitas en la asignación de ayudas, don Juan José no hizo nada ilegal porque la Ley 101 se diseñó exactamente para que los ricos se roben los recursos del Estado bajo el eufemismo de apoyo a la modernización del campo. Pero no es el único caso, el crecimiento de grandes plantaciones de palma de aceite en zonas sometidas a ‘limpiezas’ y de amplio dominio paramilitar, surgieron y crecieron gracias a este tipo de subsidios y seguramente otros productos como el banano y la caña han accedido ampliamente a las generosas bolsas estatales, diseñadas precisamente para el saqueo.
Adicionalmente, la misma reglamentación de la Ley 101 establece tasas de interés diferenciadas también para pequeños, medianos y grandes productores. Por tanto, si bien es cierto que éticamente es reprobable lo hecho por J.J. Lafourie y aprovechado por los contradictores políticos de su progenitora por sus ataques a la gente pobre, hay que señalar que eso es simplemente una ilustración de cómo funciona el Estado y por qué los ataques tan arteros de la derecha al presidente Petro. Porque lo que se gana entre otras cosas en unas elecciones, es el derecho a manejar los recursos del Presupuesto General de la Nación y en este aspecto hay sólo dos opciones: repartirlo entre los amigos o hacer inversión social, esta es la contradicción fundamental en el manejo de los recursos del Estado y explica la violencia y virulencia contra el Gobierno del Cambio.
