EL QUE LA HACE . . . DEPENDE
El argumento de la derecha respecto del juicio a su máximo líder es que tanto que se le ha juzgado y nunca le han comprobado nada. No obstante, lo que se ha visto no es que el ex mandatario se destaque por irradiar inocencia sino por buscar por todos los medios eludir la justicia. Ante los jueces usa un lenguaje mesurado, con ropaje respetuoso, pero sólo es la forma taimada de acechar para dar el zarpazo, el golpe artero. Muy diferente es su comportamiento cuando se encuentra rodeado de guardaespaldas y lagartos. Es cuando saca su arsenal de retórica frenética tipo ‘se callan o los callamos’ hasta el famoso ‘le doy en la cara marica’.
Uribe sabe que no resiste un juicio justo, pero sabe también que existe una herramienta casi infalible que lo sacará de su lío jurídico actual que consiste en buscar la prescripción. Así, por más acuciosos que sean los jueces, por muy diligentes que sean los funcionarios, dilatar los procesos se convirtió en el ejercicio predilecto de la defensa del expresidente.
Con todo y lo mañoso que es el equipo de abogados de Álvaro Uribe, una jueza que merece todo el reconocimiento de los colombianos, Sandra Liliana Heredia, ha decidido llamarlo a juicio como ya lo había hecho el valiente magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Augusto Reyes Medina. Esta vez, en cuanto la jauría se dio cuenta que la togada era una persona con criterio y que no se arredraba ante el temor reverencial que usualmente despierta Uribe, se dedicó a escudriñar en su vida profesional y personal y encontró que hace más de 20 años “había presentado una demanda contra un decreto firmado por Uribe Vélez durante su segundo mandato presidencial”, decreto que la afectaba directamente porque modificaba una prima especial a la que tenía derecho.
Como la funcionaria en su momento reclamó por un derecho vulnerado con el decreto expedido por Uribe Vélez, se agarraron de ahí para recusarla argumentando que por ese hecho la jueza le tenía animadversión al imputado y por tanto actuaría de forma parcializada. La Jueza rechazó de plano la recusación y el juicio siguió su curso y la defensa del expresidente interpuso una acción de tutela que le fue asignada al magistrado Ramiro Riaño Riaño, de quien no se espera tampoco mucha imparcialidad, dado que ya en el pasado ha fallado en contra del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, mandatario que en su momento se destacó en su lucha contra la corrupción en el departamento. El solo hecho de decretar medidas cautelares y esperar diez días para el reinicio del juicio contra Uribe Vélez, es un paso más hacia la anhelada prescripción que busca el expresidente. Repito, a Uribe no le interesa demostrar su inocencia sino agotar los términos legales en el tiempo para no ser condenado.
Esta situación ha puesto de manifiesto un enemigo del pueblo adicional al que se opone a las reformas en el Congreso, al que organiza paros camioneros, al que usa los micrófonos o la prensa para difundir calumnias y tergiversar los hechos. Ese enemigo es el sistema judicial que va desde los juzgados promiscuos de los pueblos remotos hasta las altas cortes y el Consejo de Estado, que mediante sus fallos prefieren devolver recursos a las multinacionales antes que permitir que éstos sean invertidos en programas sociales. El Juicio a Uribe es una muestra de lo que es la sociedad colombiana: Un conjunto de individuos a quienes la ley no los toca frente a una multitud que lucha decididamente para sobrevivir en un ambiente plagado de injusticias.
Un botón de muestra del mismo sindicado sirve para ilustrar esta afirmación: Álvaro Uribe Vélez es el único funcionario que cometió los delitos que hoy se le imputan, en el ejercicio de su cargo como congresista, a quien la corte le permitió salir de su jurisdicción cuando renunció a su curul de senador para ponerse en manos del entonces fiscal general Francisco Barbosa, famoso además de ser un aliado servil del mandatario, por poner los carros oficiales y los escoltas para sacar sus perros al parque, por remodelar su casa con dineros públicos y por pagar el servicio doméstico con plata del erario. Este sujeto puso al servicio de alias ‘El Matarife’ a un risible fiscal de mentirijillas y luego a otro que oficiaron como asistentes de la defensa y nunca hicieron lo que les correspondía que era acusar al imputado.
Pero quizás lo más curioso de todo esto, es que fue el propio exmandatario quien inició un proceso contra el senador Iván Cepeda Castro por un debate que éste promovió contra el primero en el cual lo acusó de sus vínculos con organizaciones paramilitares. Sin embargo, contra todo pronóstico, esta vez la justicia como excepción a la regla, exoneró a Cepeda y pidió que se investigara al acusador quien terminó reemplazando a su enemigo en el banquillo de los acusados. Sorpresas nos da la vida y nuestro respaldo incondicional en este caso a la Jueza por su verticalidad que mantiene vivas las esperanzas de que la justicia puede llegar a ser para todos.
Por: Manuel Álvaro Ramírez R. Magíster en Economía
