Por Patricio Piro

 En una vulgar imitación del asalto al Capitolio en Washington por extremistas afines a Trump hace dos años, cientos de partidarios de Bolsonaro, en rechazo a su derrota en las elecciones presidenciales, invadieron el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal, destrozando salas y mobiliario. A la emoción de las veleidades de Lula, el tribuno del pueblo, siguió la reacción de odio a la democracia que el ex presidente de extrema derecha había dejado como legado.

Aunque las fuerzas del orden acabaron controlando la situación tras cuatro horas de caos, documentado en directo por los triunfantes videos de los atacantes, la democracia brasileña empezó a tambalearse. No es que hubiera un golpe de Estado, porque no había una cabeza pensante a la vista que hubiera exigido la destitución de las autoridades elegidas democráticamente.

Y las pancartas que piden la intervención del ejército «para restablecer el orden en el país» llevan años enarboladas en la Plaza de los Tres Poderes por nostálgicos que añoran el derrocamiento del gobierno civil por los mariscales en 1964. A pesar de la pronunciada simpatía de muchos militares por Bolsonaro, el Ejército nunca ha insinuado en los últimos años que podría repetir el golpe «si es necesario».

La desestabilización del domingo, sin embargo, no terminó con las medidas de seguridad ordenadas apresuradamente por un Lula muy agitado. Para prosperar, no necesitaba a Bolsonaro, que lleva dos semanas exiliado en Florida, actuando como un peón en unos acontecimientos que le trascienden.

El ataque a las Tres Potencias destaca sobre todo por su envergadura. Unos 4.000 «vándalos fascistas», como los llamó Lula, fueron movilizados. Pero hay algo más de lo que preocuparse que de estas tropas exaltadas alimentadas con cuentos conspirativos de grupos de Whatsapp aislados del mundo real. Porque el bolsonarismo ha envenenado profundamente las instituciones democráticas.

La policía del Distrito Federal de Brasilia, por ejemplo, se vio desbordada con demasiada rapidez y a veces incluso fue blanda con los alborotadores. Mientras los llamamientos a anunciar una invasión se escuchaban en las redes sociales desde hacía semanas, el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, estaba de vacaciones con él en Estados Unidos.

Fue destituido por el gobernador del distrito federal…. y suspendido por 90 días por el Supremo Tribunal Federal – también es amigo íntimo de Bolsonaro. Y es ya dentro de su gobierno donde Lula tiene que lidiar con el legado bolsonarista. Por ejemplo, el ministro de Defensa, obligado por los militares, había tolerado las acampadas de los bolsonaristas que bloqueaban cuarteles porque consideraba «democráticas» estas manifestaciones.

Queda por decir que la obscenidad de los acontecimientos del domingo forzó un frente de condena unánime de la clase política, incluso muy a la derecha. Como resultado, la legitimidad de Lula se ha visto temporalmente reforzada. Sin embargo, el gran conciliador se ve ahora obligado a arremeter duramente contra la peste bolsonarista y sus redes, evitando al mismo tiempo que sus partidarios caigan en la trampa de una enfermiza caza de brujas. A su izquierda, ya se oyen llamamientos a denunciar a los «terroristas del 8 de enero» bajo el leitmotiv de una «amnistía cero».