Identificados nuevos casos de presunta corrupción en Boyacá
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha identificado nuevos casos de presunta corrupción en Boyacá, vinculados a obras de infraestructura, y ha trasladado los hallazgos a las autoridades competentes. El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, detalló que las alertas se relacionan con el acueducto de Sutamarchán, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sogamoso.
En una reciente reunión con la ciudadanía en Tunja, Idárraga destacó que estos casos se investigan bajo la mesa técnica anticorrupción, creada tras el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). «La Secretaría de Transparencia ha solicitado a los organismos de control determinar las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales de los casos mencionados y resolver las denuncias radicadas para conocer la verdad en todos estos casos que llevan años impunes”, señaló la entidad en un comunicado.
Los posibles hechos de corrupción en el acueducto de Sutamarchán incluyen la doble contratación para las veredas Santo Ecce Homo, Labranzas, Resguardo Alto y Ermitaño, que siguen sin agua potable. La primera contratación se realizó en 2011 por $1.235.000.000 con recursos de la Gobernación de Boyacá, Ecopetrol y la Alcaldía de Sutamarchán. La segunda contratación, en 2019, involucró $716.450.149 del Sistema General de Regalías.
En cuanto a Comfaboy, se detectaron irregularidades en la gestión de recursos para la salud, incluyendo sobrecostos en medicamentos y discrepancias contables. Aunque una auditoría de 2017 de la Superintendencia de Salud reveló estas anomalías, el proceso sancionatorio fue archivado en 2020 por errores en la recolección de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía 44 Seccional de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de Bogotá mantiene activa la investigación.
Por último, la PTAR de Sogamoso, en construcción desde hace 20 años, ha implicado una inversión de miles de millones. La Contraloría, en diciembre de 2023, emitió un auto asignando responsabilidad fiscal de $1.095.860.161,50 a varios individuos involucrados en la supervisión y administración de la PTAR.
