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Intervención de Subred de Salud, Bogotá reaviva tensión entre Gobierno y Distrito

La intervención de la Subred Centro-Oriente de Bogotá por parte de la Superintendencia de Salud ha reavivado la controversia entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Ahora, la Sección Primera del Consejo de Estado ha aceptado una demanda que busca anular dicha intervención, la cual fue ejecutada el pasado 7 de mayo, tomando por sorpresa tanto a la administración local como al sector salud de la capital.

La demanda, presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), argumenta que la intervención realizada por la Superintendencia constituye una violación a la autonomía territorial de Bogotá. Según los demandantes, el proceso careció de la motivación necesaria y no permitió controvertir los hallazgos presentados por la Superintendencia, lo que consideran una clara violación al derecho a la defensa. La Fundación también señaló que la medida fue desproporcionada, dado que la subred ha estado cumpliendo de manera diligente con los estándares de atención, a pesar de las dificultades financieras.

El Consejo de Estado, en su respuesta a la demanda, ha otorgado un plazo de 30 días para que la parte demandada y terceros interesados respondan, propongan excepciones, soliciten pruebas o presenten una demanda de reconvención. Este desarrollo ha puesto nuevamente en el centro del debate público la intervención de la Subred Centro-Oriente, que incluye la gestión de cinco hospitales, 14 centros de salud y tres sedes administrativas, todos ellos bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud.

La intervención, que se llevó a cabo sin previo aviso, generó una fuerte reacción por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, quien exigió al Gobierno Nacional respeto por la autonomía de su administración. Galán manifestó su sorpresa, ya que apenas una semana antes de la intervención había presentado un plan de mejora a la Superintendencia, el cual, según sus declaraciones, fue bien recibido en su momento. Sin embargo, la intervención siguió adelante, lo que generó malestar tanto en la administración distrital como entre los empleados de la subred.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, defendió la intervención, señalando que la crisis en la subred había llegado a un punto crítico y que la administración distrital no había tomado las medidas necesarias para evitarla. Leal destacó que el objetivo principal de la intervención es estabilizar la subred tanto financiera como administrativamente, asegurando que no habría cambios drásticos en su funcionamiento durante el año que durará la intervención.

Por su parte, el agente interventor, Óscar Gálvez, calmó las tensiones afirmando que la Superintendencia había actuado de acuerdo con los graves hallazgos detectados en auditorías previas y que la intervención era necesaria para garantizar la continuidad del servicio de salud de manera segura y efectiva.

La controversia sobre la intervención y la futura resolución del Consejo de Estado mantendrá este tema en la agenda pública, mientras se espera un desenlace que defina el futuro de la Subred Centro-Oriente de Bogotá y la relación entre el Distrito y el Gobierno Nacional en materia de salud.

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