Marchar para defender el Gobierno del cambio
En el pasado la falta de garantías para participar en política y defender un gobierno llevó a muchos y muy valiosos elementos a tomar las armas y optar por la lucha guerrillera. Por los años setenta era frecuente escuchar o ver consignas contra las elecciones: No vote; votando eliges tu verdugo; no vote, luche; no a la farsa electoral; el que escruta elige y tantas otras que no es posible recordar todo lo que nos decían las paredes. Eran las épocas cuando las paredes hablaban.
En honor a la verdad no les faltaba razón. Allende lo intentó en Chile y lo mataron, en Venezuela Rómulo Betancourt sobrevivió a varios intentos de asesinato, Francisco Madero fue asesinado siendo presidente de México junto con su vicepresidente José María Pino Suárez en un golpe de Estado y así, un repaso por la historia muestra que mientras las instituciones democráticas sirvan como el barniz para mostrar a un país determinado como respetuoso del Estado de Derecho, son toleradas a veces a regañadientes por las clases dominantes, pero en cuanto sienten que sus intereses están en peligro se despojan de todo el ropaje democrático y acuden a todas las herramientas disponibles, incluyendo el delito que haya que cometer para defender sus privilegios.
La nueva práctica ahora no es el “gorilato” como se llamaba a las dictaduras militares sino una combinación de actividades, algunas disfrazadas de legalidad usando todos los poderes públicos, acciones debidamente difundidas por los medios de comunicación que presentan como una situación caótica algo que sería absolutamente normal si otro presidente estuviera gobernando, jugando a lo que un economista dijera alguna vez: ‘En Economía lo que la gente cree que va a suceder, sucede’. En ese sentido los medios de comunicación no informan a la opinión pública, mienten para crear esa opinión.
Lo hicieron en Brasil, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, lo intentaron en Guatemala y desde el momento en que Petro fue investido Presidente de la República se ha desatado una feroz campaña orientada a la desestabilización de su gobierno y a crear un odio visceral en su contra. Sin embargo, el experimento colombiano pretende mostrarle al mundo que todavía hay esperanza, que no todo está perdido y que mediante unas elecciones libres se puede llegar al gobierno siempre y cuando haya vigilancia y se cuiden los votos para evitar que quien escrute sea quien elija como vaticinara en su momento Camilo Torres Restrepo.
Pero llegar al Gobierno es una cosa, llegar al poder otra muy distinta, porque el poder real está determinado por el control del aparato económico y todo parece indicar que dicho poder es mucho más que la banca, la industria, el comercio y los terratenientes. El narcotráfico tiene mucho que perder y lo está perdiendo, igual sucede con la minería ilegal, pero quizás el más golpeado por el Gobierno del Cambio es ese reducido grupo de contratistas del sector público, que se ha enriquecido a costa del erario, actuando al amparo de los políticos regionales y locales. Esos contratistas acostumbrados a amañar los pliegos, a poner las cláusulas donde el Estado siempre lleva las de perder, a trabajar en contubernio con los interventores para tumbar al Estado, en fin, esos contratistas que no se paran en pelos para robarse los recursos así dejen damnificados a los niños y jóvenes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, o a los estudiantes de regiones apartadas que esperaban con el programa de Centros Poblados la interconexión a Internet, o a las familias campesinas víctimas de los grandes hacendados beneficiarios del Agro Tumbe Seguro, para sólo poner unos pocos ejemplos.
Esos poderes han encontrado en la mafia un aliado con el cual actúan coordinadamente para crear un ambiente de caos institucional inexistente pero que se ha venido creando con el auspicio de los medios de comunicación que por abyectos de los potentados corren el riesgo de perder su poca credibilidad. No obstante, al tiempo han surgido fuerzas que se contraponen a la infamia y han denunciado lo que realmente se esconde detrás de la desinformación y han puesto al descubierto que se trata de una trama tejida desde la extrema derecha, con apoyo del narcotráfico que se ha tomado secciones enteras de la Fiscalía, de la Procuraduría muy diligente para sancionar a un canciller porque se opuso a asignar una licitación con un único oferente, pero que no se inmutó ante la pérdida de $70 mil millones del programa de Centros Poblados. Todo esto, repito, orquestado por los medios de comunicación y replicado por algunos bufones como Polo Polo y J.P. Hernández. Por todo esto, es que la gente salió a marchar el 8 de febrero.
Manuel Álvaro Ramírez R.
Magíster en Economía
Universidad de los Andes
