PETRÓLEO Y CARBÓN: ¿POR QUÉ DEBEN TRIBUTAR?

La reciente advertencia del presidente Biden de gravar las ganancias de las petroleras si no invierten y bajan los precios, sumado al tratamiento fiscal que tendrá el petróleo y el carbón en Colombia tras la aprobación de la reforma tributaria, abre una discusión interesante: ¿Por qué deben tributar?

Tomado de Revista Sur, 7 de noviembre de 2022

Jorge Coronel López (*)

Para Biden la medida es necesaria porque señala a las petroleras de estar aprovechándose de un momento particular para aumentar precios y sus márgenes de ganancia, en otras palabras, por estar extrayendo beneficios sin inversiones adicionales, o mejor, con las mismas inversiones realizadas representándoles un plusvalor. También considera que sus niveles récord de beneficios no son producto de ninguna innovación, sino del provecho que están sacando de la guerra, que les ha representado ganancias inesperadas ante el perjuicio de millones de personas en todo el mundo. Biden ha dicho que en los dos últimos trimestres las empresas Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, Conoco Phillips y Total Energy ganaron más de 100 mil millones de dólares, es decir, más de lo que ganaron en todo el año pasado y prácticamente sin inversiones nuevas, ni innovación. Este planteamiento encaja perfectamente dentro de la idea clásica del valor de cambio, pero sin ir hasta allá, se podría interpretar que, lo que Biden está reclamando es mayor solidaridad ante una evidente acumulación de capital y una presión indebida sobre los precios ―inflación global―, incluso sin un aumento de los salarios, es decir, una ganancia absoluta. Esta discusión es la misma que se ha planteado desde la perspectiva de la ética del capitalismo, aunque en el fondo es la vieja discusión planteada por Marx.

En Colombia, algunos han cuestionado la tributación al sector minero-energético desde la perspectiva de que con su auge productivo le está aportando al país empleo, inversión y exportaciones. En otras palabras, lo que están sugiriendo es que por su contribución económica prácticamente están exentos de ciertos gravámenes, no necesariamente regalías, pues el debate aquí es otro: quieren seguir deduciendo del impuesto de renta, lo pagado en regalías, tema que se plantea al final del artículo.

Volviendo sobre la resistencia a no pagar ciertos gravámenes, el simple planteamiento es absurdo y olvida que otros sectores en Colombia, como el cafetero, han hecho contribuciones importantes incluso con gravámenes impuestos a sus propias exportaciones como el que se le estableció al café en 1895.

No siendo poco, también han planteado que la tributación podría desanimar la inversión minero-energética. Esta afirmación tan abstracta no dice mucho en concreto y solo parece tener la intención de intimidar y asustar, pues si a eso vamos, en la historia de la Hacienda Pública no se contarían tantos tributos impuestos a ciertas actividades económicas con éxito. Además, omiten que este sector es intensivo en capital y no en mano de obra, lo que hace más difícil desinvertir en el corto plazo. Pero, suponiendo que ello fuese posible, siempre habrá quienes quieran venir a participar de las rentas que produce este sector, las cuales son tan altas que no hay otro sector que las ofrezca, adicionalmente permiten pagar perfectamente los impuestos manteniendo buenos márgenes de ganancia; luego conociendo la cobardía del capital difícilmente abandonarían estas jugosas sumas de dinero y sabiendo el egoísmo de capital es prácticamente obvio que no le dejaría servida la mesa a otros capitales.

En Colombia el sector también está obteniendo beneficios producto de los altos precios internacionales. Solamente Ecopetrol en los primeros nueve (9) meses del año obtuvo ganancias por 26,5 billones de pesos. Este resultado debería servir para que la gente se pregunte seriamente por qué una empresa con buenos resultados financieros registra caídas en el precio de su acción. La respuesta salta a la vista: el mercado accionario, entiéndase capitalistas de verdad, recoge cuando quiere la información financiera de las compañías, cuando no, la tiran a la basura. Así de científico es este campo, al cual le han colgado una extravagante modelación estadística y econométrica solamente para engañar y esconder su incapacidad de reconocer que las decisiones de cambios de precios las puede tomar un «inversionista» en cuestión de segundos tirándoles el sofisticado modelo a la basura. En eso se la pasan. ¿En qué cabeza cabe que una empresa con resultados históricos pierda valor en el mercado de capitales?

Conviene recordar que en el país los sectores cafetero e industrial han hecho aportes importantes bajo esquemas de tributación específica. Dichos aportes han sido producto de la importancia económica que han tenido en su momento y de las bonanzas experimentadas. En la actual reforma tributaria se aplicó la misma idea sobre el sector minero-energético.

Importante señalar que la tributación para el sector se justifica mediante el principio de progresividad ―sectorial― y significa un aporte solidario como es todo tributo. Además, es una forma de hacer valer la política fiscal en función del ciclo económico y como aporte al desarrollo. También es una manera de compensar y redistribuir la renta obtenida, que es otro propósito de toda reforma tributaria. Asimismo, representa una descarga tributaria para otros sectores y personas, pues no poner a tributar unas actividades obligaría a buscar recursos en otras, por eso en Colombia ha sido común que las reformas no hagan mucho esfuerzo por aplicar el principio de progresividad, el cual da cuenta de cobrarle más a quienes más tienen; sino que se ha preferido mantener unos privilegios, pero inclinando la carga sobre otros: he aquí la regresividad tributaria culpable de parte de la desigualdad.

Colofón: Las regalías no son deducibles

El Estado colombiano ha reconocido la propiedad sobre las minas desde 1873 a través del Código Fiscal. La Constitución de 1886 mantuvo este reconocimiento a través de su artículo 4 que establecía que «el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación». La Constitución de 1991 conservó la misma filosofía en el artículo 332, donde dispuso que «el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes».

Este sustento jurídico le otorga al Estado la posibilidad de participar de las rentas derivas de la explotación del subsuelo, lo cual se conoce como regalías, las cuales también son una compensación por los daños ambientales y sociales generados. No obstante, el Concepto 015766 del 17 de marzo de 2005, expedido por el jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN, determinó que las regalías eran deducibles del impuesto de renta, rompiendo con una coherencia jurídica que se tenía. Esto llevó a que entre los años 2005 y 2010 la deducción haya generado costos fiscales a la Nación por $9 billones de pesos, según estimaciones de quienes demandaron el concepto en 2017. Durante la vigencia se pudieron haber perdido cerca de 30 billones de peso. En la reforma que se acaba de aprobar se considera que las regalías no son deducibles del impuesto de renta, lo cual representa un recaudo de 5 billones de pesos anuales aproximadamente.

En consecuencia, el sector debe tributar por razones de equilibrio económico sectorial, progresividad tributaria, justicia social, compensación ambiental, correspondencia con el ciclo económico, corrección de conceptos equívocos, incluso, como avance hacia la transición energética.

 

(*) Economista

Mg. en Economía, Columnista Diario Portafolio

Comparte